Sí, la causa por el atentado al comedor de la Policía Federal Argentina, ocurrido el 2 de julio de 1976, fue reabierta recientemente. Este ataque, atribuido a la organización guerrillera Montoneros, tuvo lugar en la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal) en Buenos Aires, durante la dictadura militar (1976-1983). Una bomba, colocada en el comedor mientras suboficiales almorzaban, causó la muerte de 23 personas—22 policías y una civil, Josefina Melucci de Cepeda, que estaba de visita—y dejó más de 100 heridos, muchos con lesiones graves y permanentes.

Detalles del Fallo

El 19 de diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, declaró el atentado como una "grave violación a los derechos humanos", lo que lo hace imprescriptible según el derecho internacional. Este fallo revocó la prescripción que había sido dictada previamente por la jueza María Servini de Cubría, quien en 2006, 2012 y 2023 había rechazado reabrir la causa argumentando que no se trataba de un delito de lesa humanidad, sino de un delito común ya prescrito. La Cámara ordenó citar a indagatoria a Mario Firmenich, exjefe de Montoneros, de 76 años y actualmente fuera de Argentina, por su "pública y notoria posición de mando" en la organización. También se revocaron los sobreseimientos de otros implicados, como Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.

El tribunal instruyó a Servini a profundizar la investigación, reunir pruebas y convocar a testigos para esclarecer los hechos, incluyendo posibles vínculos de Montoneros con organizaciones o estados extranjeros. Este fallo marcó un cambio significativo en la jurisprudencia argentina, que hasta entonces solo consideraba imprescriptibles los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura, dejando fuera los ataques guerrilleros.

Contexto del Atentado

El atentado fue ejecutado por José María Salgado, un agente de policía de 21 años infiltrado por Montoneros. Salgado ingresó al comedor con un maletín que contenía una bomba "vietnamita" tipo Claymore, cargada con 9 kilos de TNT y bolillas de acero que actuaron como metralla. La colocó en una silla, la cubrió con un sobretodo y activó un detonador de tiempo antes de retirarse. La explosión ocurrió a las 13:20, causando el derrumbe del techo del comedor. Montoneros se atribuyó el ataque ese mismo día, calificándolo como un "hecho de guerra" y estimando en 85 las bajas enemigas, aunque las cifras oficiales confirmaron 23 muertos y más de 100 heridos. El escritor Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura en 1977, fue señalado por el fiscal como posible ideólogo de la operación.

El ataque tuvo lugar en un edificio que albergaba un centro clandestino de detención en sus pisos superiores, donde operaba el "Grupo de Tareas 2" (GT 2), encargado de acciones represivas. Como represalia, la dictadura intensificó su represión: entre el 3 y el 7 de julio de 1976, 46 cadáveres NN ingresaron a la Morgue Judicial de Buenos Aires, y se registraron episodios como la Masacre de Fátima, donde 30 personas secuestradas fueron dinamitadas.

Reacciones y Contexto Político

La reapertura de la causa ha generado un intenso debate. Por un lado, familiares de las víctimas y organizaciones como la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita) y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia celebraron el fallo como un paso hacia la justicia. En marchas realizadas en 2022 y 2023, exigieron que se retire el nombre de Rodolfo Walsh de una estación de subte en Buenos Aires y que se instalen placas en memoria de las víctimas. Victoria Villarruel, vicepresidenta de Argentina, ha respaldado esta postura, abogando por una "memoria completa" que incluya a las víctimas de la guerrilla, un reclamo que ha impulsado desde su rol en el Senado y que se alinea con la narrativa del gobierno de Javier Milei.

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización clave en los juicios por crímenes de lesa humanidad, se opuso a la reapertura en 2022, argumentando que el caso ya había sido declarado prescrito y que equiparar los ataques guerrilleros a delitos de lesa humanidad podría desvirtuar el concepto, que históricamente se aplica a crímenes sistemáticos cometidos desde el Estado. El CELS también advirtió sobre el riesgo de que estas decisiones judiciales alimenten discursos de ultraderecha que reivindican el accionar represivo de la dictadura.

Implicaciones del Fallo

El fallo de diciembre de 2024 podría tener un impacto más amplio. Según un artículo de La Nación del 1 de enero de 2025, al menos tres causas emblemáticas contra grupos armados—como los asesinatos del sindicalista José Ignacio Rucci, el capitán Humberto Viola y el coronel Argentino Larrabure—podrían reactivarse bajo este nuevo criterio de imprescriptibilidad. Esto ha renovado las expectativas de quienes buscan justicia por los crímenes de la guerrilla, pero también ha puesto en alerta a querellantes de los juicios por lesa humanidad, que temen que se diluya el foco en los crímenes de la dictadura.

Análisis Crítico

La reapertura de la causa refleja las tensiones actuales en Argentina sobre cómo abordar el pasado violento de los años 70. Por un lado, es un avance para las víctimas del atentado, que durante décadas sintieron que su dolor fue ignorado en favor de una narrativa que priorizó los crímenes del Estado. El ataque al comedor fue un acto de extrema violencia que afectó no solo a policías, sino también a civiles, y la falta de investigación durante casi 50 años dejó a las familias sin respuestas.

Sin embargo, el fallo también plantea preguntas. La calificación de "violación grave a los derechos humanos" para un ataque guerrillero podría abrir la puerta a una reinterpretación más amplia de los crímenes de lesa humanidad, lo que algunos ven como un intento de equilibrar responsabilidades históricas, pero otros interpretan como un movimiento político para relativizar las atrocidades de la dictadura. La narrativa de "memoria completa" impulsada por el gobierno de Milei, que incluye destacar los crímenes de la guerrilla, ha sido criticada por organismos de derechos humanos como un intento de justificar o minimizar el terrorismo de Estado, que dejó un saldo estimado de 30,000 desaparecidos.

Además, la citación a Firmenich, que no vive en Argentina, podría ser más simbólica que práctica, dado el tiempo transcurrido y las dificultades para obtener pruebas nuevas. La investigación enfrenta el desafío de reconstruir un hecho de hace casi 50 años, en un contexto donde muchos de los responsables directos, como Salgado, fueron asesinados por la dictadura, y otros, como Walsh, también están muertos.

Conclusión

La reapertura de la causa del atentado al comedor de la Policía Federal es un hito judicial que busca justicia para las víctimas de un ataque brutal, pero también reaviva el debate sobre la memoria histórica en Argentina. Mientras algunos celebran el reconocimiento del dolor de las víctimas de la guerrilla, otros advierten sobre los riesgos de equiparar estos actos con los crímenes sistemáticos del Estado. El desarrollo de esta investigación, que a marzo de 2025 sigue en curso, será clave para determinar si este fallo marca un cambio duradero en la forma en que Argentina enfrenta su pasado.