Puja entre Petri y Sturzeneger por los inmuebles de COVIARA

Luis Petri, ministro de Defensa de Argentina, ha estado en el centro de una controversia por su interés en los activos inmobiliarios de COVIARA (Construcción de Viviendas para la Armada), una empresa estatal bajo la órbita del Ministerio de Defensa, en un momento crítico para el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

Creada en IA

El interés de Luis Petri en COVIARA y sus inmuebles en el contexto de la crisis de IOSFA (2025)

Introducción

Este interés se desarrolla en medio de acusaciones de vaciamiento, mala gestión y sospechas de negociados, mientras las Fuerzas Armadas expresan un creciente malestar por la situación de su obra social. Este informe analiza el contexto, los hechos, las intenciones de Petri, las implicancias políticas y las reacciones de los actores involucrados, con un enfoque crítico sobre las posibles motivaciones detrás de estas acciones.

Contexto: COVIARA y su rol histórico

COVIARA fue creada en 1966 con el objetivo de construir viviendas para el personal de la Armada Argentina, la Prefectura Naval y el Ministerio de Defensa, ofreciendo acceso a propiedades a costos accesibles y con financiamiento a largo plazo. Desde 1986, pasó a estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. La empresa se ha mantenido financieramente autónoma, sin aportes del Tesoro Nacional, y hasta diciembre de 2023 era superavitaria, generando beneficios mediante la venta de departamentos. Posee terrenos y propiedades en ubicaciones estratégicas como Bahía Blanca, Punta del Indio y San Nicolás de los Arroyos, incluyendo el edificio "Coviara 89" en Vieytes 470, Bahía Blanca, y el "Coviara 101" en San Nicolás.

Sin embargo, desde 2024, COVIARA enfrenta una crisis severa. La suspensión de actividades ordenada por Petri en enero de 2024 interrumpió sus ingresos, y para 2025, la empresa acumulaba deudas de más de 1,000 millones de pesos, incluyendo expensas, servicios públicos y salarios impagos. En febrero de 2025, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció la transformación de COVIARA en una Sociedad Anónima (SA) como paso previo a su disolución y absorción por Playas Ferroviarias, una empresa estatal que gestiona terrenos valiosos en Buenos Aires. Esta decisión, respaldada por el Decreto 117/2025, busca "modernizar" su estructura, pero ha generado incertidumbre sobre el destino de sus activos.

El interés de Luis Petri en COVIARA

Tras la renuncia de Roberto Fiochi como titular de IOSFA el 22 de abril de 2025, Petri expresó su intención de dividir los inmuebles de COVIARA entre las Fuerzas Armadas antes de que la empresa sea liquidada. Esta movida se produce en un contexto de pugna con Federico Sturzenegger, quien busca transferir esos activos a Playas Ferroviarias y, eventualmente, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Según fuentes periodísticas, Petri pretende que las propiedades queden bajo control militar, mientras que Sturzenegger aboga por una centralización estatal que podría abrir la puerta a una privatización o venta de los terrenos.

COVIARA posee activos valiosos, incluyendo 20 inmuebles y terrenos en zonas estratégicas. Por ejemplo, su sede en Reconquista y Corrientes, en Buenos Aires, incluye siete pisos y un local comercial en planta baja, de los cuales COVIARA es propietaria de cuatro niveles. Estos bienes han sido históricamente codiciados, y no es la primera vez que una gestión ministerial muestra interés en ellos. En el pasado, hubo intentos de reubicar a la Liga Naval Argentina, que ocupa uno de los pisos, para liberar espacio, pero su estatus como ONG privada lo impidió.

La crisis de IOSFA y su relación con COVIARA

El interés de Petri en COVIARA coincide con una crisis profunda en IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, que atiende a más de 650,000 afiliados. IOSFA enfrenta un endeudamiento de 105,000 millones de pesos, interrupciones en servicios médicos y denuncias de vaciamiento. Durante la gestión de Oscar Sagás (diciembre 2023 - noviembre 2024), la deuda se quintuplicó, y su sucesor, Roberto Fiochi, no logró revertir la situación, renunciando tras solo cuatro meses. Ambos fueron designados por Petri, lo que ha generado críticas por la politización de la obra social, especialmente por el nombramiento de funcionarios mendocinos sin experiencia militar.

El malestar en las Fuerzas Armadas es palpable. Afiliados denuncian falta de cobertura, como medicamentos oncológicos y acompañamiento terapéutico, y hay demandas judiciales en ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata. Además, en enero de 2025, se despidieron 150 empleados de IOSFA, lo que agravó la percepción de un desguace intencional. Este contexto ha alimentado sospechas de que el interés de Petri en COVIARA podría ser parte de un plan más amplio para beneficiar a sectores privados o aliados políticos, utilizando los activos de la empresa como moneda de cambio.

Sospechas de negociado y politización

El interés de Petri en los inmuebles de COVIARA ha levantado sospechas de un posible negociado. Fuentes cercanas a las Fuerzas Armadas y trabajadores de COVIARA denuncian que la suspensión de actividades en 2024 y la falta de nuevas autoridades tras la renuncia del directorio en febrero de 2024 parecen diseñadas para debilitar la empresa y justificar su liquidación. La transformación en Sociedad Anónima, según Sturzenegger, podría implicar "cesión, apertura a capitales privados o cierre", lo que alimenta temores de privatización.

Además, la relación de Petri con figuras mendocinas como Sagás y Fiochi, ambos vinculados a su espacio político "Mendocinos por el Futuro" y su rama "Liberales por el Futuro", sugiere un trasfondo político. Sagás, tras su salida de IOSFA, se dedica a armar el Partido Demócrata Progresista en Mendoza, mientras que Petri busca consolidar una alianza con sectores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR de cara a las elecciones de 2025. Algunos analistas especulan que los fondos o activos de COVIARA podrían ser utilizados para financiar estas ambiciones políticas, aunque no hay pruebas concretas de desvíos.

Reacciones y tensiones

Fuerzas Armadas: Los militares están divididos. Por un lado, algunos ven con buenos ojos que Petri quiera transferir los inmuebles de COVIARA a las Fuerzas Armadas, ya que históricamente fueron destinados a su personal. Sin embargo, el malestar por la crisis de IOSFA eclipsa esta posibilidad, y muchos acusan a Petri de priorizar intereses políticos sobre las necesidades de los afiliados.
Trabajadores de COVIARA: Los 40 empleados de la empresa enfrentan una situación crítica, con meses de salarios impagos y sin posibilidad de retiros voluntarios. En abril de 2025, COVIARA solicitó 600 millones de pesos al Ministerio de Defensa para regularizar deudas, pero la falta de claridad sobre el futuro de la empresa ha llevado a una asamblea con ATE, un hecho inédito en 59 años.
Federico Sturzenegger y el gobierno nacional: La pugna entre Petri y Sturzenegger refleja tensiones dentro del gobierno de Javier Milei. Sturzenegger, alineado con la agenda de desregulación de Milei, busca centralizar los activos estatales en Playas Ferroviarias, que ya controla terrenos valiosos en Buenos Aires. Petri, en cambio, parece defender un control militar sobre los bienes, aunque su historial de decisiones sugiere una gestión más política que técnica.
Sentimiento en redes sociales: Posts en X reflejan indignación entre los militares y ciudadanos, quienes ven en el manejo de COVIARA e IOSFA una continuidad de prácticas de la "casta" política que Milei prometió combatir. Algunos usuarios acusan directamente a Petri de traicionar a los uniformados, mientras otros cuestionan el silencio del Ministerio de Defensa frente a la crisis sanitaria de los afiliados.

Análisis crítico

El interés de Petri en COVIARA no puede analizarse sin considerar el contexto político y económico. Su insistencia en dividir los inmuebles entre las Fuerzas Armadas, aunque podría interpretarse como un intento de proteger los intereses militares, choca con su historial de decisiones cuestionadas en IOSFA. La designación de figuras como Sagás y Fiochi, ambos mendocinos y aliados políticos, sugiere que Petri prioriza lealtades personales sobre la eficiencia administrativa. Esto refuerza la percepción de que COVIARA podría ser una "caja" para financiar su proyecto político en Mendoza, donde busca consolidar una alianza electoral para 2025.

Por otro lado, la pugna con Sturzenegger evidencia las contradicciones dentro del gobierno de Milei. Mientras Sturzenegger avanza en una agenda de desregulación que podría derivar en la privatización de los activos de COVIARA, Petri parece jugar una carta populista al prometer que los bienes quedarán en manos militares. Sin embargo, la falta de transparencia en el proceso y la crisis simultánea de IOSFA alimentan las sospechas de que ambos ministros podrían estar facilitando, consciente o inconscientemente, un desguace que beneficie a privados.

Es notable que COVIARA, una empresa históricamente superavitaria, haya colapsado tan rápidamente bajo la gestión de Petri. La suspensión de actividades en 2024 y la falta de nuevas autoridades parecen decisiones deliberadas para debilitar la empresa, lo que podría ser funcional a un plan de liquidación. Esto, sumado a los despidos masivos en IOSFA y las denuncias de privatización encubierta, sugiere que el interés de Petri en COVIARA podría ser parte de una estrategia más amplia para redistribuir activos estatales en beneficio de aliados políticos o económicos.

Conclusión

El interés de Luis Petri en los inmuebles de COVIARA se desarrolla en un momento de extrema fragilidad para las Fuerzas Armadas, marcadas por la crisis de IOSFA y un profundo malestar entre los uniformados. Aunque Petri argumenta que busca proteger los intereses militares al dividir los activos de COVIARA entre las Fuerzas Armadas, su historial de gestión politizada y la pugna con Sturzenegger levantan sospechas de un posible negociado. La falta de claridad sobre el destino final de los terrenos y propiedades, junto con la situación crítica de los trabajadores de COVIARA y los afiliados de IOSFA, refuerza la percepción de que las prioridades de Petri están más alineadas con sus ambiciones políticas que con las necesidades de los militares.

Sin una auditoría independiente y una resolución transparente del destino de COVIARA, el manejo de sus activos seguirá siendo un foco de controversia. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continúan exigiendo una gestión que priorice su bienestar sobre los intereses políticos, un reclamo que, hasta ahora, Petri no ha logrado satisfacer.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO: