Las sanciones impuestas por la ministra de Defensa de Uruguay, Sandra Lazo, a cuatro altos funcionarios de la Armada Nacional por irregularidades en las negociaciones con el astillero español Cardama para la adquisición de dos patrulleros oceánicos (OPV) está respaldada por múltiples fuentes periodísticas y publicaciones en X. A continuación, detallo los hechos relevantes y el contexto, incluyendo la preocupación sobre la posible cancelación del proyecto:

1. Sanciones a funcionarios:

   • El 21 de abril de 2025, el Ministerio de Defensa de Uruguay sancionó a cuatro jerarcas de la Armada Nacional, incluido el excomandante en jefe Jorge Wilson, dos contraalmirantes (José Ruiz entre ellos) y un capitán de navío (Marcelo Da Silva), con arrestos a rigor de entre 15 y 30 días. Las sanciones se debieron a “demoras” en la entrega de documentación o por proporcionar “información falsa” durante una investigación interna sobre la compra de dos OPV al astillero Cardama, firmada en diciembre de 2023 por €82,2 millones bajo el gobierno anterior del Partido Nacional.

      

      

      

   • La investigación, ordenada por Lazo tras asumir el cargo en marzo de 2025, fue liderada por un equipo de asesores, incluido Alfredo Maeso, y detectó “desprolijidades” y falta de transparencia en el proceso de licitación iniciado en 2021.

      

      

      

2. Contexto de la compra:

   • El contrato con Cardama, un astillero gallego sin experiencia previa en buques de este tipo y con problemas financieros, ha sido controversial desde su anuncio. La entonces senadora Lazo, del Frente Amplio, había pedido la nulidad del contrato por considerar el proceso poco transparente y cuestionar la capacidad de Cardama.

      

      

      

   • Problemas adicionales incluyeron el retiro de Caterpillar como proveedor de motores en noviembre de 2024, lo que obligó a buscar alternativas, y dudas sobre la garantía financiera de Cardama. A pesar de esto, Cardama avanzó con hitos como el corte de chapa del primer OPV (C-250) en marzo de 2025 y la certificación de Lloyd’s.

      

      

      

3. Preocupación por el proyecto:

   • Publicaciones en X, como la de @SA_Defensa, expresan “grave preocupación” de que las sanciones y las irregularidades detectadas puedan derivar en la cancelación del contrato, resultando en “cero unidades” entregadas.
   • Lazo suspendió los pagos a Cardama hasta esclarecer completamente el proceso de licitación, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad del proyecto. Sin embargo, la ministra afirmó que el contrato “sigue firme” y que se mantendrá una relación de “buenos términos” con la empresa, exigiendo el cumplimiento estricto de los hitos contractuales, como la puesta de quilla prevista para mayo de 2025.
   • El contrato, ya en ejecución con dos pagos realizados, limita las opciones legales para anularlo, según analistas.

      

4. Críticas y reacciones:

   • El Frente Amplio, ahora en el gobierno, ha cuestionado la licitación desde que estaba en la oposición, alegando que Cardama fue favorecida a pesar de advertencias de oficiales como el almirante Gustavo Musso, quien recomendó otros astilleros y pidió el retiro en 2024 por desacuerdos con la elección.

      

      

   • Lazo enfatizó en Radio Sarandí que no cuestiona la necesidad de los OPV, vitales para la vigilancia marítima de Uruguay, pero sí la forma “desprolija” en que se gestionó la compra.
   • En X, medios como @MVDNoticias y @ObservadorUYreportaron que Lazo fue convocada al Senado para explicar las sanciones y la situación del contrato, reflejando el interés político en el caso.

5. Análisis crítico:

   • Riesgo de cancelación: Aunque la preocupación por “cero unidades” es válida debido a la suspensión de pagos y las irregularidades, la afirmación de Lazo sobre la vigencia del contrato y los avances certificados por Lloyd’s sugieren que la cancelación no es inminente. La Armada necesita los OPV para patrullar sus aguas jurisdiccionales, un objetivo estratégico de larga data, lo que podría presionar para mantener el proyecto.

      

      

   • Contexto político: Las sanciones y la investigación reflejan la intención del gobierno del Frente Amplio de marcar diferencias con la gestión anterior, pero también exponen tensiones internas en la Armada y riesgos de retrasos en un proyecto crítico.

   • Cardama: La inexperiencia del astillero y los problemas con proveedores como Caterpillar alimentan las dudas, pero los hitos alcanzados (corte de chapa, aprobación de cuaderna maestra) indican cierto progreso.

      

      

Conclusión: Las sanciones a los cuatro funcionarios de la Armada por irregularidades en las negociaciones con Cardama son un hecho confirmado, y la suspensión de pagos refleja la cautela de Lazo. Aunque existe preocupación, expresada en X, sobre la posible cancelación del proyecto, el contrato sigue vigente, y el gobierno parece priorizar su continuidad bajo estricta supervisión. La situación combina tensiones políticas, necesidades estratégicas de la Armada y dudas sobre la capacidad de Cardama, pero no hay evidencia concluyente de que el proyecto colapse en “cero unidades” por ahora.