La denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, acusa a Pettovello de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según la investigación, el 8 de febrero de 2024, Pettovello firmó una resolución autorizando la transferencia al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para adquirir arroz, fideos y leche en polvo, en el marco del "Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre". Sin embargo, la licitación no avanzó, los alimentos no fueron comprados, y el Estado pagó una comisión del 3% (420 millones de pesos) por la intermediación.

La Ley de Administración Financiera establece que transferencias superiores a 2.700 millones de pesos requieren la aprobación del jefe de Gabinete, en ese momento Nicolás Posse, pero Pettovello habría actuado sin esa autorización. El fiscal federal Franco Picardi impulsó la investigación, solicitando pruebas al PNUD y a la Jefatura de Gabinete para rastrear los fondos y verificar el cumplimiento legal. El caso está a cargo del juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N°12.

Este escándalo se suma a críticas previas contra Pettovello por la gestión de alimentos durante el gobierno de Javier Milei. Organizaciones sociales, como las lideradas por Juan Grabois, han denunciado que el Ministerio retuvo millones de kilos de comida en depósitos mientras comedores populares enfrentaban escasez, un conflicto que escaló en 2024. La imputación refuerza las acusaciones de ineficiencia y posibles maniobras irregulares, aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes de que los fondos hayan sido desviados a fines ilícitos. La investigación sigue en curso, y ni Pettovello ni sus abogados han emitido declaraciones públicas al respecto hasta el 26 de abril de 2025.