Petri justificó la medida argumentando que "la ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras" y que la detención en flagrancia está contemplada en los códigos procesales. Además, señaló que países limítrofes y Estados Unidos emplean a sus militares en tareas similares, cuestionando el "sesgo ideológico" que, según él, ha limitado a las fuerzas argentinas.

Sin embargo, esta decisión ha generado críticas y preocupaciones. La disposición parece contradecir las leyes de Defensa y Seguridad Interior de Argentina, que históricamente han restringido el uso de las Fuerzas Armadas en funciones policiales, una limitación instaurada tras la dictadura militar (1976-1983) para evitar abusos de poder. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han advertido sobre el riesgo de que los militares asuman roles para los que no están entrenados, lo que podría derivar en excesos o violaciones de derechos. Algunos comentarios en redes sociales reflejan este temor, señalando que los soldados podrían enfrentar juicios futuros por obedecer órdenes que podrían ser consideradas ilegales.

Por otro lado, el silencio de gran parte de la sociedad y de algunos medios frente a esta medida es alarmante. Mientras Petri enmarca la decisión como una necesidad para combatir a "narcos, terroristas y violentos delincuentes", la falta de un debate público amplio sobre las implicancias de otorgar poder de policía a los militares podría normalizar una práctica que desdibuja los límites entre defensa y seguridad interior. Esto es especialmente preocupante en un país con un historial de represión estatal, como se evidenció en recientes protestas de jubilados en Buenos Aires, donde las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia, dejando heridos y detenidos, incluyendo un fotógrafo en estado crítico.