Seineldín,  argumentaba que el "enemigo" —a menudo identificado por él como el "imperialismo" o los "centros financieros internacionales"— buscaba desnaturalizar a las Fuerzas Armadas al involucrarlas en tareas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, en lugar de mantenerlas enfocadas en la defensa nacional.

Seineldín sostenía que esta transformación era una maniobra deliberada para desmantelar la identidad y el propósito de las Fuerzas Armadas, integrándolas a agendas globales que, según él, respondían a intereses de potencias como Estados Unidos. En una carta enviada al jefe del Ejército, Martín Balza, en 1997, mientras estaba preso, Seineldín expresó que las Fuerzas Armadas estaban siendo víctimas de decisiones del Pentágono y del Departamento de Estado de EE.UU., que buscaban subordinarlas a un "liderazgo global". Criticaba la participación de los ejércitos iberoamericanos en operaciones bajo la órbita de las Naciones Unidas, argumentando que esto representaba una "amenaza a los intereses vitales" del sector militar y erosionaba la soberanía nacional. También alertó sobre un supuesto "Manual para destruir a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica", atribuido al ex presidente estadounidense George Bush, que según él promovía este tipo de cambios.

En el contexto argentino, Seineldín veía este nuevo rol policial como una continuación de un proceso que comenzó tras la dictadura militar (1976-1983), cuando las Fuerzas Armadas fueron desacreditadas y relegadas tras su rol en la represión y la derrota en Malvinas. En entrevistas y escritos, como los publicados en 2000 en La Nación, Seineldín afirmó que la intervención de los militares en la "lucha contra la subversión" durante los años 70 fue una trampa para dividir y deslegitimar al Ejército, obligándolo a actuar en un rol para el que no estaba preparado ni era su función natural, lo que luego derivó en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Él interpretaba los intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior como una extensión de esa estrategia, diseñada para mantenerlas en un estado de "indefensión" y dependencia de directivas extranjeras.

En relación con el presente, la decisión del gobierno argentino en abril de 2025 de otorgar a las Fuerzas Armadas la capacidad de detener civiles en flagrancia en la frontera norte, como parte de la Operación "Julio Argentino Roca", parece alinearse con las advertencias de Seineldín. Esta medida, anunciada por el ministro de Defensa Luis Petri, ha sido criticada por sectores que ven en ella una violación de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que desde 1988 y 1992, respectivamente, restringen el uso de militares en funciones policiales, salvo en casos excepcionales. Organismos de derechos humanos y algunos usuarios en redes sociales han señalado que este nuevo rol podría exponer a los militares a situaciones para las que no están entrenados, repitiendo errores del pasado y potencialmente generando abusos o conflictos legales.

En resumen, Seineldín advirtió que el "enemigo" impondría un rol policial a las Fuerzas Armadas para debilitarlas y subordinarlas a intereses extranjeros, una preocupación que parece reflejarse en la actualidad con medidas como la de 2025 en la frontera argentina. Sin embargo, su análisis debe tomarse con cautela, ya que mezcla hechos con interpretaciones ideológicas que no siempre están respaldadas por evidencia sólida.

El coronel Mohamed Alí Seineldín, una figura controvertida en la historia militar argentina, advirtió en varias ocasiones sobre los riesgos de que las Fuerzas Armadas fueran utilizadas para roles que no les correspondían, como funciones policiales, algo que él veía como parte de una estrategia más amplia de potencias extranjeras para debilitar la soberanía nacional y el rol tradicional de los militares. Seineldín, conocido por liderar los alzamientos "carapintadas" entre 1988 y 1990 contra los gobiernos democráticos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, argumentaba que el "enemigo" —a menudo identificado por él como el "imperialismo" o los "centros financieros internacionales"— buscaba desnaturalizar a las Fuerzas Armadas al involucrarlas en tareas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado, en lugar de mantenerlas enfocadas en la defensa nacional.

Seineldín sostenía que esta transformación era una maniobra deliberada para desmantelar la identidad y el propósito de las Fuerzas Armadas, integrándolas a agendas globales que, según él, respondían a intereses de potencias como Estados Unidos. En una carta enviada al jefe del Ejército, Martín Balza, en 1997, mientras estaba preso, Seineldín expresó que las Fuerzas Armadas estaban siendo víctimas de decisiones del Pentágono y del Departamento de Estado de EE.UU., que buscaban subordinarlas a un "liderazgo global". Criticaba la participación de los ejércitos iberoamericanos en operaciones bajo la órbita de las Naciones Unidas, argumentando que esto representaba una "amenaza a los intereses vitales" del sector militar y erosionaba la soberanía nacional. También alertó sobre un supuesto "Manual para destruir a las Fuerzas Armadas de Latinoamérica", atribuido al ex presidente estadounidense George Bush, que según él promovía este tipo de cambios.

En el contexto argentino, Seineldín veía este nuevo rol policial como una continuación de un proceso que comenzó tras la dictadura militar (1976-1983), cuando las Fuerzas Armadas fueron desacreditadas y relegadas tras su rol en la represión y la derrota en Malvinas. En entrevistas y escritos, como los publicados en 2000 en La Nación, Seineldín afirmó que la intervención de los militares en la "lucha contra la subversión" durante los años 70 fue una trampa para dividir y deslegitimar al Ejército, obligándolo a actuar en un rol para el que no estaba preparado ni era su función natural, lo que luego derivó en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Él interpretaba los intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior como una extensión de esa estrategia, diseñada para mantenerlas en un estado de "indefensión" y dependencia de directivas extranjeras.

En relación con el presente, la decisión del gobierno argentino en abril de 2025 de otorgar a las Fuerzas Armadas la capacidad de detener civiles en flagrancia en la frontera norte, como parte de la Operación "Julio Argentino Roca", parece alinearse con las advertencias de Seineldín. Esta medida, anunciada por el ministro de Defensa Luis Petri, ha sido criticada por sectores que ven en ella una violación de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, que desde 1988 y 1992, respectivamente, restringen el uso de militares en funciones policiales, salvo en casos excepcionales. Organismos de derechos humanos y algunos usuarios en redes sociales han señalado que este nuevo rol podría exponer a los militares a situaciones para las que no están entrenados, repitiendo errores del pasado y potencialmente generando abusos o conflictos legales.

Sin embargo, es importante cuestionar la narrativa de Seineldín desde una perspectiva crítica. Aunque sus advertencias resuenan con las preocupaciones actuales sobre la militarización de la seguridad interior, su visión estaba profundamente influenciada por una ideología nacionalista y católica que a menudo lo llevaba a interpretar los eventos a través de una lente conspirativa, sin pruebas concretas de un "plan internacional" específico. Además, su historial como líder de sublevaciones armadas contra gobiernos democráticos lo posiciona como una figura que, aunque alertaba sobre la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, también contribuyó a desestabilizar el orden democrático que buscaba protegerlas de influencias externas.

En resumen, Seineldín advirtió que el "enemigo" impondría un rol policial a las Fuerzas Armadas para debilitarlas y subordinarlas a intereses extranjeros, una preocupación que parece reflejarse en la actualidad con medidas como la de 2025 en la frontera argentina.