Esta no es la primera vez que Morales enfrenta acusaciones similares. En 2020, el gobierno interino de Jeanine Áñez lo denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por "crímenes de lesa humanidad", responsabilizándolo por la muerte de al menos 40 personas debido a bloqueos de carreteras durante protestas en agosto de 2020, que habrían impedido el suministro de oxígeno medicinal en plena pandemia. Sin embargo, Morales, desde su exilio, ha rechazado estas acusaciones como "falsas" y políticamente motivadas, alegando que son maniobras para desprestigiarlo y que el gobierno de Áñez fue el que cometió violaciones de derechos humanos.

Hay que analizar esto críticamente. Por un lado, los informes de la CIDH sí documentan violaciones graves durante el mandato de Morales, pero también bajo Áñez, lo que sugiere que las acusaciones podrían ser instrumentalizadas políticamente, especialmente considerando la polarización en Bolivia entre Morales y sus sucesores, como Luis Arce. Morales ha denunciado persecución política, y su defensa argumenta que estas denuncias, incluida una reciente por trata de personas en 2024, buscan evitar su candidatura en 2025. Por otro lado, la falta de independencia judicial en Bolivia es un problema real, lo que podría justificar el uso de la jurisdicción universal, pero la judicialización en Argentina también podría ser vista como una injerencia externa.