Detalles de la Reforma Migratoria

El Gobierno oficializó esta reforma mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Migraciones 25.871. Las principales medidas incluyen:

• Cobro de servicios públicos: Los extranjeros no residentes o con residencia transitoria deberán pagar por atención médica y educación. Adorni señaló que en 2024, ocho hospitales nacionales gastaron 114 mil millones de pesos en atender a extranjeros, un costo que el Gobierno considera insostenible para los contribuyentes argentinos.

• Deportaciones exprés: Cualquier extranjero condenado por un delito, sin importar la pena, será expulsado. Esto incluye delitos menores como hurto o resistencia a la autoridad, que antes permitían permanecer en el país si la condena era inferior a cinco años.

• Controles más estrictos: Se prohíbe el ingreso de personas con antecedentes penales, y quienes entren por pasos no habilitados o proporcionen información falsa serán expulsados de inmediato. Los plazos de apelación para deportaciones también se acortarán.

• Seguro médico obligatorio: Los extranjeros deberán contar con cobertura médica para ingresar al país, buscando evitar los denominados “tours sanitarios”.

Bullrich defendió estas medidas bajo el principio de reciprocidad, argumentando que en países como Bolivia los argentinos no reciben atención médica gratuita y que “la plata de los argentinos la tenemos que cuidar”. Aseguró que no se trata de xenofobia, sino de justicia para quienes tributan en Argentina, aunque aclaró que en emergencias médicas los extranjeros serán atendidos.

Contexto y Críticas

Esta reforma revive políticas impulsadas por Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), como el DNU 70/2017, que también buscaba facilitar deportaciones y restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes. Sin embargo, ese decreto fue derogado en 2021 por Alberto Fernández tras ser declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones, debido a amparos de organizaciones de derechos humanos que lo consideraron discriminatorio. La reimplementación de estas medidas ha generado críticas similares: organizaciones civiles y sectores opositores, como Argentina Humana y Juan Grabois, han denunciado que arancelar servicios básicos podría limitar el acceso a derechos fundamentales y fomentar la discriminación. La oposición ha calificado la reforma de “populismo punitivo”, argumentando que estigmatiza a los migrantes en un contexto económico donde el ajuste del Gobierno ya afecta a los sectores más vulnerables.

Por otro lado, el discurso oficial de Bullrich y Adorni se centra en la narrativa de “proteger los impuestos de los argentinos”. Adorni afirmó que en los últimos 20 años ingresaron 1,7 millones de inmigrantes irregulares, comparando esta cifra con la población de La Matanza o Tucumán, aunque no proporcionó fuentes específicas para respaldar este dato. Además, según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2023, solo el 6% de la población carcelaria en Argentina es extranjera (6.644 de 111.967), lo que cuestiona la idea de que los migrantes sean una fuente significativa de delincuencia.

Análisis Crítico

La narrativa del Gobierno parece diseñada para apelar a un sentimiento de justicia económica en un contexto de crisis, donde el ajuste fiscal de Milei ha generado descontento. Sin embargo, hay varias razones para cuestionar esta reforma:

• Impacto limitado: El porcentaje de extranjeros que usan servicios públicos sin contribuir no está claramente cuantificado más allá de los 114 mil millones de pesos mencionados, y no se compara con el aporte económico de los migrantes que sí tributan (por ejemplo, a través de IVA o impuestos indirectos). Estudios como los del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) han mostrado que los inmigrantes, incluso los irregulares, aportan al sistema mediante consumo y trabajo informal.

• Falta de reciprocidad real: Aunque Bullrich cita la falta de reciprocidad, países como Brasil y Uruguay, con los que Argentina tiene acuerdos del Mercosur, sí ofrecen atención médica gratuita en emergencias a argentinos, lo que contradice parcialmente su argumento.

• Riesgo de exclusión: Arancelar servicios básicos podría dejar a comunidades migrantes vulnerables sin acceso a salud o educación, violando tratados internacionales que Argentina ha ratificado, como el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y la Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios, que consagran el derecho a la salud y la educación sin discriminación.

• Motivación política: La reforma parece alinearse con una estrategia de Milei para desviar la atención de problemas internos, como el desfinanciamiento del Hospital Garrahan, que él mismo ha contribuido a agravar con recortes presupuestarios, mientras propone soluciones mediáticas como su obra Juicio al Capitalismo. Esto refuerza las críticas de Mauricio Macri sobre la falta de seriedad presidencial de Milei.