La Degradación Moral de la Prefectura Argentina: Represión a Jubilados en un Contexto de Crisis Social

Represión Brutal Contra los Más Vulnerables

El 12 de marzo de 2025, una marcha pacífica de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires fue reprimida con una violencia inusitada. Según múltiples fuentes, la Prefectura, junto con otras fuerzas de seguridad, empleó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua contra manifestantes, muchos de ellos adultos mayores que apenas podían movilizarse. Entre los incidentes más graves, se reportó el caso de Beatriz Blanco, de 87 años, quien fue golpeada con una macana y cayó al suelo, y el de Pablo Grillo, un fotoperiodista que quedó en cuidados intensivos tras recibir un impacto de un bote de gas lacrimógeno en la cabeza, disparado directamente en contra de las normas de uso de estas armas.

 

 

Estos actos no solo violaron el derecho a la protesta, sino que también evidenciaron una falta de humanidad hacia un sector especialmente vulnerable: los jubilados, quienes, tras décadas de trabajo, enfrentan pensiones insuficientes que no cubren necesidades básicas como alimentos y medicamentos. La represión, lejos de ser un hecho aislado, se ha repetido en manifestaciones semanales, conocidas como las "marchas de los miércoles", donde los jubilados, apoyados por hinchas de fútbol y organizaciones sociales, han sido sistemáticamente reprimidos.

 

Un Contexto de Crisis y Desamparo

La raíz de estas protestas radica en las políticas de ajuste económico del gobierno de Milei, que han reducido drásticamente el poder adquisitivo de las pensiones. En un país con una inflación del 23.3% anual en 2025, los jubilados han visto sus ingresos mermados, mientras que los costos de bienes esenciales, como medicamentos, se han disparado. Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) han denunciado que estas medidas han sumido a los jubilados en condiciones de vida precarias, obligándolos a elegir entre comer o comprar medicinas.

 

 

En este escenario, la Prefectura, una institución históricamente asociada con la protección de las costas y la seguridad marítima, ha sido desplegada para contener protestas civiles, una función que desborda su mandato tradicional y plantea preguntas sobre su rol en la represión de derechos fundamentales. La participación de la Prefectura en estos operativos, junto con la Gendarmería y la Policía Federal, ha sido señalada como parte de una estrategia más amplia del gobierno para criminalizar la protesta social, acusando a los manifestantes de "sedición" y "atentar contra el orden constitucional".

 

Degradación Moral y Pérdida de Legitimidad

La actuación de la Prefectura en estos eventos refleja una preocupante degradación moral. Golpear y gasear a adultos mayores, periodistas y hasta sacerdotes que se solidarizaron con los jubilados, como se reportó en protestas recientes, no solo contraviene los principios de derechos humanos, sino que erosiona la legitimidad de una institución que debería proteger a la ciudadanía, no agredirla. Organizaciones como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) han exigido la renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizándola por ordenar estas acciones represivas.

 

 

Además, la narrativa oficial que justifica la violencia, tildando a los manifestantes de "violentos" o "barrabravas", ignora el carácter pacífico de las protestas iniciales y el hecho de que los jubilados, por su edad y condición, difícilmente representan una amenaza para el orden público. Esta retórica, respaldada por Bullrich, busca deslegitimar las demandas legítimas de los jubilados y desviar la atención de las verdaderas causas de la crisis: un sistema previsional desfinanciado y un ajuste económico que castiga a los más vulnerables.

 

Un Llamado a la Reflexión

La represión de los jubilados no es solo un acto de violencia física, sino un símbolo de una sociedad que parece haber perdido el respeto por quienes dedicaron su vida al trabajo y ahora reclaman lo que les corresponde por derecho. La Prefectura, al participar en estos operativos, se aleja de su misión de servicio y se convierte en un instrumento de un sistema que prioriza el control sobre la justicia social. La comunidad internacional, incluidas organizaciones como la ONU, ha instado al gobierno argentino a investigar estas violaciones de derechos humanos y a garantizar el derecho a la protesta.

 

En un país que se enorgullece de su tradición democrática, la imagen de jubilados gaseados y golpeados por la Prefectura es un recordatorio doloroso de la fragilidad de los derechos sociales. Es imperativo que la sociedad civil, las instituciones y el gobierno reflexionen sobre el rumbo actual y trabajen para restaurar la dignidad de los jubilados, en lugar de responder a sus demandas con violencia. La Prefectura, como parte de las fuerzas de seguridad, debe recuperar su rol como protectora de la ciudadanía, no como su opresora.