Contexto de Aguas Blancas y la Frontera con Bolivia
Aguas Blancas, en el departamento de Orán, Salta, es una localidad fronteriza de aproximadamente 3.648 habitantes (Censo 2022) ubicada a orillas del río Bermejo, frente a la ciudad boliviana de Bermejo (30.000 habitantes). La zona es conocida por ser un punto caliente de contrabando y narcotráfico, debido a la porosidad de la frontera y la debilidad de los controles estatales. La actividad económica local depende en gran medida del comercio transfronterizo, tanto legal como ilegal, con bagayeros (porteadores) que cruzan mercancías (textiles, alimentos, electrodomésticos) y, en algunos casos, drogas, a través del río Bermejo usando chalanas o gomones (embarcaciones improvisadas).
La región ha sido señalada como una "aduana paralela" en múltiples ocasiones, especialmente en la Finca La Carina (o Finca Karina), un terreno privado cercano al río Bermejo que opera como punto de cruce ilegal, eludiendo los controles de la Gendarmería y la Aduana. Esta finca, descrita como una zona donde "las normas las dictan los contrabandistas y narcotraficantes," ha sido mencionada desde al menos 2011 en reportes periodísticos.
La Denuncia Específica
La acusación de que una ciudadana boliviana compró tierras en Aguas Blancas y estableció una aduana paralela para el narcotráfico proviene principalmente de publicaciones en X del 20 de mayo de 2025:
@BiondiniCesar: "Denuncian que en Aguas Blancas (Salta) una extranjera (boliviana) compró muchas tierras en la zona fronteriza y armó una aduana paralela donde pasa todo el narcotráfico. Es el modelo de Milei: tierras extranjerizadas, ausencia del Estado y 'el mercado se regula solo'."
@RPN_Oficial: "En Aguas Blancas, Salta, denuncian que una ciudadana boliviana adquirió grandes extensiones de tierra en la frontera y montó una aduana paralela que facilita el narcotráfico."
@99Fbaldi : Menciona una "aduana paralela en la finca de una boliviana" y vincula la compra de tierras a la Ley de Bases, que supuestamente facilita la extranjerización de tierras en zonas fronterizas.
@deloclau: Afirma que el interventor de Aguas Blancas mencionó un "paso habilitado a 2 km del alambrado" en un terreno privado comprado por una ciudadana boliviana, sugiriendo que solo falta un "cajero automático del Banco Nación."
Una fuente periodística de Que Pasa Salta (19 de mayo de 2025) corrobora parcialmente estas denuncias, indicando que la Finca Karina, presuntamente propiedad de un ciudadano boliviano de apellido Salazar, se ha convertido en un punto clave para el tráfico ilegal. Según testimonios recogidos por El Tribuno, en este predio se mueven gomones bolivianos (prohibidos en Bolivia), camionetas robadas y mercancías que evaden controles aduaneros, funcionando como una aduana paralela a 2 km del cerco perimetral de Aguas Blancas.
Análisis de la Veracidad
Compra de Tierras por una Ciudadana Boliviana:
Las publicaciones en X y la nota de Que Pasa Salta mencionan que una persona boliviana (identificada como "Salazar" en la fuente periodística) es propietaria de la Finca Karina, un terreno privado usado para actividades ilegales. Sin embargo, no hay evidencia documental específica (como escrituras o registros catastrales) que confirme la nacionalidad del propietario o la extensión exacta de las tierras adquiridas.
Aduana Paralela y Narcotráfico:
Sin embargo, no hay evidencia directa que vincule exclusivamente a una ciudadana boliviana con el control total del narcotráfico en esta finca. Las fuentes sugieren que múltiples actores, argentinos y bolivianos, participan en estas redes.
Conexión con el Estado y el Plan Güemes:
Publicaciones en X critican la "ausencia del Estado" y sugieren que la gestión de Milei, a través de la Ley de Bases, facilita la extranjerización de tierras, permitiendo situaciones como la de la Finca Karina.
Perspectiva Crítica
Esfuerzos de control: El Plan Güemes y el cerco de 200 metros son intentos del gobierno nacional y provincial por recuperar el control de la frontera, pero la persistencia de pasos ilegales como la Finca Karina indica que las medidas son insuficientes. La falta de personal de Aduana y Gendarmería, sumada al temor de empresas a operar en la zona por la presencia de narcos, limita la efectividad de estas iniciativas