El conflicto tiene su raíz en la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el DNU 70/23 de Javier Milei, que eliminó la facultad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios mínimos de la hoja verde. Los productores denuncian que las industrias pagan precios irrisorios (entre 200 y 220 pesos por kilo, cuando reclaman al menos 450-460 pesos), lo que los sume en una crisis económica profunda, afectando a unas 13.500 familias productoras y 15.000 trabajadores indirectos. Este malestar se expresó en movilizaciones previas, como tractorazos en Posadas y cortes de ruta en Misiones, y culminó en este escrache en Oberá.

El enfrentamiento también tuvo un componente político. Según publicaciones en X, los productores intentaron acercar sus reclamos, pero fueron agredidos por militantes libertarios, lo que escaló la tensión. Videos compartidos en la plataforma muestran a los yerbateros increpando a la comitiva, con cánticos y carteles que exigían soluciones. Algunos posts celebraron el “recibimiento” como un acto de resistencia popular, mientras que otros señalaron la incapacidad de los custodios para contener la situación.

Este episodio refuerza la tesis de que Milei y su entorno, incluida Karina, dependen del antagonismo para sostener su narrativa política. La respuesta del gobierno no fue apaciguar el conflicto, sino ignorarlo o minimizarlo, como en casos anteriores (por ejemplo, la represión a manifestantes en 2024 o el cruce con Ricardo Darín). La agresividad de los productores refleja no solo la desesperación económica, sino también la percepción de que el gobierno nacional desoye a las provincias, especialmente a regiones como Misiones, que dependen de economías regionales. La frase “Esto no es Buenos Aires, porteño” sintetiza ese sentimiento de marginación frente a políticas centralistas.