La salida de Fiochi, un mendocino designado por el ministro de Defensa Luis Petri, se produce tras fuertes críticas internas, incluyendo una misiva de ocho de los diez vocales del directorio que cuestionaron su conducción. Algunos sectores sugieren un manejo deficiente o intencional de los recursos, alimentando la narrativa de vaciamiento, aunque no hay pruebas concluyentes de malversación. Antes de Fiochi, Oscar Sagás renunció en noviembre de 2024 con una deuda de 97.000 millones, y ahora Betina Surballe, exdirectora del IAF, asumió la presidencia, prometiendo una "reingeniería" con auditorías y ajustes.

Las acusaciones de saqueo se centran en la falta de aportes patronales del Estado, el uso de un préstamo de 40.000 millones del IAF y una estructura administrativa sobredimensionada. Sin embargo, estas afirmaciones reflejan más el malestar de los afiliados que evidencia judicial concreta. La situación sigue siendo crítica, con incertidumbre sobre la sostenibilidad de la obra social.