Crítica al desgaste sistemático de las Fuerzas Armadas argentinas bajo el gobierno de Javier Milei

Este artículo examina cómo el gobierno de Milei está erosionando una institución clave, dejando a las Fuerzas Armadas en su punto más vulnerable en décadas.

Recortes presupuestarios disfrazados de modernización

El proyecto de presupuesto para 2025 asigna a Defensa 2.811,882 millones de pesos (aproximadamente 2.200 millones de dólares), equivalente al 0,31% del PIB, una cifra que, ajustada por inflación, representa una reducción real significativa. Aunque el aumento nominal del 18% se presenta como un avance, no compensa la devaluación del peso ni los costos de mantenimiento y modernización. El Fondo Nacional de Defensa (FONDEF), destinado a reequipamiento, recibe solo 71.304 millones de pesos, insuficientes ante necesidades urgentes como la compra de submarinos Scorpène o la renovación de flotas aéreas y terrestres. Esta contradicción entre promesas de fortalecimiento y la realidad de un presupuesto raquítico evidencia una estrategia de debilitamiento encubierta.

El impacto es tangible:

el Ejército ha reducido drásticamente sus días de adiestramiento (de 3 a 11 días proyectados para 2025), la Armada limita sus días de navegación, y la Fuerza Aérea lucha con un inventario obsoleto que apenas alcanza las 40.000 horas de vuelo anuales. El salario del personal militar, licuado por la inflación, ha perdido competitividad, desmotivando a los efectivos y generando una fuga de talento, con más de 70.000 hombres dados de baja desde 2022 según estimaciones recientes.

Cambios estructurales y militarización selectiva

Milei ha impulsado cambios que, lejos de fortalecer las Fuerzas Armadas, las desarticulan. Decretos como el 1107 y el 1112 de diciembre de 2024 amplían su rol a tareas de seguridad interior, incluyendo la vigilancia de fronteras y el combate al narcotráfico, rompiendo con el consenso democrático postdictadura que limitaba su actuación a amenazas externas. Esta medida, presentada como una respuesta a "nuevas amenazas", carece de un marco de control civil sólido y expone a las Fuerzas a misiones para las que no están preparadas, aumentando el riesgo de abusos y corrupción, como ocurrió en regímenes anteriores.Además, la disolución de equipos civiles de relevamiento de archivos militares, como los Equipos de Análisis creados en 2010, elimina una herramienta clave para preservar la memoria histórica y garantizar transparencia. La acusación de "macartismo" contra estos equipos por parte del Ministerio de Defensa, liderado por Luis Petri, sugiere una intención de borrar pruebas de crímenes pasados, alineándose con el negacionismo histórico de Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.

Desmantelamiento logístico y operativo

El estado de las infraestructuras militares bajo Milei es alarmante. Instalaciones como el Liceo Militar General Dámaso Centeno enfrentan crisis edilicia y de recursos, mientras el gobierno prioriza eventos simbólicos, como desfiles o visitas de portaaviones estadounidenses, sobre la inversión en equipamiento básico. La tragedia del ARA San Juan sigue sin resolverse con una flota submarina renovada, y proyectos como la compra de F-16 a Dinamarca, aunque anunciados con bombos y platillos, dependen de créditos externos que no garantizan sostenibilidad.

La falta de munición y mantenimiento ha llevado a que las Fuerzas Armadas sean incapaces de sostener un conflicto de más de cinco días, según analistas militares. Esta vulnerabilidad estratégica contrasta con la retórica de Milei sobre soberanía, especialmente en el reclamo por Malvinas, donde la falta de recursos pone en riesgo cualquier postura firme.

Una narrativa contradictoria

El discurso de Milei, que reivindica a las Fuerzas Armadas como víctimas de décadas de desprecio, choca con sus acciones. Frases como "estamos reconciliando las Fuerzas con la política" o promesas de ascensos y salarios dignos se diluyen ante la realidad de un gobierno que recorta beneficios sociales y salariales, incluso para el personal militar. La alianza con Estados Unidos y la OTAN, aunque busca equipamiento, subordina a las Fuerzas a intereses extranjeros, replicando patrones históricos de dependencia que históricamente las han debilitado.

Consecuencias y perspectivas

El desgaste sistemático de las Fuerzas Armadas bajo Milei no solo compromete la seguridad nacional, sino que también profundiza la fractura social e institucional. Al priorizar una agenda ideológica que mezcla negacionismo histórico con militarización selectiva, el gobierno sacrifica la capacidad operativa y moral de una institución que, pese a sus limitaciones, sigue siendo un pilar de la identidad argentina. Sin una inversión sostenida y una política de defensa clara, las Fuerzas Armadas enfrentan un futuro de irrelevancia, mientras el país pierde capacidad de respuesta ante desafíos internos y externos. Este camino, lejos de honrar a los militares, los condena a un declive que podría tardar décadas en revertirse.