Esta medida, que pone fin al amplio principio de ius sanguinis que permitía a bisnietos y tataranietos acceder al pasaporte italiano, afecta directamente a una comunidad de aproximadamente 30 millones de argentinos con raíces italianas, muchos de los cuales han visto en la doble nacionalidad una vía de escape ante la crisis económica argentina.La relación entre Milei y Meloni, presentada como una alianza ideológica y personal desde su primer encuentro en 2024, se basó en discursos de hermandad y cooperación, como cuando ambos abogaron por una "alianza de naciones libres" durante la visita de Meloni a Buenos Aires en noviembre de 2024. Milei incluso recibió la ciudadanía italiana en diciembre de 2024, un gesto que, aunque justificado por su ascendencia calabresa, fue criticado por la oposición italiana como un favoritismo político. Sin embargo, la nueva ley contradice esa narrativa de cercanía, al dificultar el acceso a lo que muchos consideran un derecho histórico, especialmente para argentinos que han mantenido lazos culturales con Italia.El contraste es evidente: mientras Milei fue beneficiado con un trámite acelerado, miles de ciudadanos argentinos enfrentan ahora trabas burocráticas y plazos reducidos, como la exigencia de presentar solicitudes antes del 27 de marzo de 2025 bajo las reglas antiguas. Esta disparidad sugiere que la "amistad" entre ambos líderes podría ser más una estrategia política que un compromiso genuino con las comunidades ítalo-argentinas. La oposición italiana ha denunciado esta hipocresía, señalando que el gobierno de Meloni prioriza gestos simbólicos hacia aliados como Milei mientras ignora las demandas de integración de inmigrantes y sus descendientes.Aunque la relación bilateral sigue mostrando avances en comercio e inversión —con más de 300 empresas italianas operando en Argentina—, el endurecimiento de las políticas migratorias expone una grieta en la retórica de unidad. La falta de reacción pública de Milei ante esta reforma, a pesar de su impacto en su propio electorado, refuerza la percepción de que la supuesta amistad con Meloni podría estar subordinada a intereses políticos más amplios, dejando a los ciudadanos argentinos con raíces italianas como rehenes de una alianza que, en la práctica, no los protege.