El gobierno de Javier Milei está preparando un decreto para disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), una entidad clave en la gestión de rutas y obras viales en Argentina, con una estructura de más de 5.300 empleados. Según informes recientes, esta medida, que podría publicarse antes del 8 de julio de 2025, cuando vencen las facultades delegadas del ministro Federico Sturzenegger, busca transferir sus funciones a la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Transporte y una nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte. El argumento oficial es la superposición de tareas con otros organismos, pero la decisión ha generado controversia, con críticas que señalan un posible vaciamiento del Estado y riesgos para la seguridad vial, especialmente ante el deterioro de la red vial nacional. La planta de empleados se mantendría temporalmente, y las concesiones pasarían al Ministerio de Economía, aunque persisten dudas sobre la viabilidad y los impactos de esta reestructuración.