Estos tratados establecen normas claras para la aviación civil, prohibiendo el uso de la fuerza letal contra aeronaves civiles, incluso en casos de actividades ilícitas, y priorizan medidas como la interceptación, escolta o desvío de aeronaves no identificadas.La Ministra de Defensa, Sandra Lazo, confirmó que la modificación se realizará por decreto antes de fin de año, tras conversaciones con el jefe del Comando Sur de EE.UU., almirante Alvin Holsey.

La ley actual permite, en última instancia, el derribo de aeronaves que violen el espacio aéreo uruguayo tras un protocolo de cinco fases, aunque nunca se ha aplicado esta medida extrema en las 13 ocasiones en que se activó el procedimiento. Lazo destacó que la reforma busca alinear la legislación con los compromisos internacionales y facilitar la cooperación técnico-militar con EE.UU., especialmente para adquirir equipamiento aéreo, como los aviones A-29 Super Tucano de Embraer, que contienen componentes estadounidenses.

La decisión ha generado críticas en Uruguay, particularmente del senador y exministro de Defensa Javier García, del Partido Nacional, quien argumenta que ceder a las presiones de EE.UU. compromete la soberanía nacional y podría debilitar la lucha contra el narcotráfico, al facilitar el uso del espacio aéreo uruguayo como ruta para actividades ilícitas. García afirmó que “los narcos aplauden” esta modificación, ya que países vecinos como Brasil mantienen leyes de derribo más estrictas.

Por su parte, Lazo y el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, insisten en que la reforma es una cuestión técnico-jurídica, no ideológica, y que existen alternativas como escoltar aeronaves sospechosas sin recurrir al derribo.EE.UU. ha restringido la venta de tecnología y aeronaves de combate a Uruguay desde 2020 debido a esta ley, afectando la operatividad de la Fuerza Aérea Uruguaya, especialmente en el mantenimiento de los Cessna A-37B Dragonfly. La modificación busca desbloquear estas limitaciones y fortalecer la capacidad de vigilancia aérea, aunque el debate sobre la soberanía y la efectividad contra el narcotráfico sigue abierto