La iniciativa, impulsada por figuras como el representante Ro Khanna (demócrata) y Thomas Massie (republicano), ha ganado tracción, con un esfuerzo para recolectar firmas en una petición de descarga que podría forzar un voto en el pleno, a pesar de la oposición del liderazgo republicano y el cierre anticipado del Congreso para el receso de verano.

La narrativa oficial sostiene que no existe una "lista de clientes" específica y que los documentos ya desclasificados en febrero de 2025, como parte de la primera fase, son suficientes. Sin embargo, esta postura ha generado división incluso entre aliados de Trump, como el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien ha abogado por mayor transparencia, y figuras como Marjorie Taylor Greene, que han solicitado acceso privado a los archivos. Por otro lado, algunos críticos sugieren que la presión del Congreso podría ser una maniobra política de los demócratas para explotar el descontento de la base de Trump, que históricamente ha exigido la divulgación total, alimentando teorías conspirativas sobre encubrimientos.A pesar de estos avances, el proceso no está cerrado.

La orden de la subcomisión requiere la aprobación del presidente del Comité de Supervisión, James Comer, para ejecutarse, y la Casa Blanca ha rechazado las acusaciones como "noticias falsas". Además, un juez federal en Florida negó recientemente una solicitud del Departamento de Justicia para desclasificar más registros, lo que complica el escenario. Sin una resolución definitiva y con la posibilidad de desinformación en redes sociales amplificando el tema, la situación sigue siendo fluida, y cualquier afirmación de que el Congreso ha "obligado" a Trump a entregar los expedientes debe considerarse prematura hasta que se concrete una acción legislativa vinculante.