Análisis Crítico de la Política del Gobierno Argentino hacia las Fuerzas Armadas en 2025

Más del 50% del personal militar vive por debajo de la línea de pobreza, con sueldos que, según estimaciones recientes, no superan los $1.128.398 establecidos por el INDEC como umbral crítico, afectando especialmente a jerarquías bajas como subtenientes y suboficiales. A esto se suma el colapso del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que arrastra una deuda de más de $160.000 millones y ha suspendido prestaciones esenciales, dejando a miles de afiliados sin acceso a medicamentos o cirugías.

Además, la salida de más de 2.200 efectivos en los primeros seis meses de 2025, motivada por salarios insuficientes, y el uso de material obsoleto reflejan una crisis que trasciende lo económico y pone en riesgo la capacidad operativa y moral de las Fuerzas Armadas.El discurso oficial de Milei, centrado en la "motosierra" para reducir el gasto público, parece haber impactado desproporcionadamente a las Fuerzas Armadas, un sector históricamente desfinanciado pero crucial para la soberanía nacional.

La narrativa gubernamental justifica estas medidas como parte de un ajuste necesario para sanear las finanzas, con promesas del ministro de Defensa, Luis Petri, de regularizar pagos y mejorar condiciones. Sin embargo, la realidad contradice estas intenciones: la falta de transferencias de aportes estatales a IOSFA y los despidos en el organismo, ejecutados bajo el lema de "eficiencia", han agravado la crisis sanitaria y desmoralizado al personal. La reducción de la brecha salarial con las fuerzas de seguridad federales, aunque parcial, no ha sido suficiente, y el éxodo de cuadros capacitados —incluyendo comandos y buzos tácticos— hacia provincias o sectores privados evidencia una política de retención fallida.El material obsoleto, como tanques y aeronaves de décadas pasadas, agrava la situación.

Sin una inversión significativa, las Fuerzas Armadas enfrentan un riesgo operativo innecesario, como se vio en ejercicios recientes donde la falta de recursos limitó la participación. Esto contrasta con adquisiciones puntuales, como los F-16 y misiles AMRAAM, que, aunque estratégicas, parecen más un gesto político que parte de un plan integral, dado el desbalance con las necesidades básicas del personal. La crítica opositora, que señala décadas de desatención, tiene peso, pero el gobierno actual, al no revertir esta tendencia, perpetúa un "desarme unilateral" implícito, dejando al país vulnerable.La narrativa oficial podría argumentar que la crisis es un legado kirchnerista, y hay datos que respaldan un deterioro previo, como la saneada IOSFA de 2023 que se desplomó en 2025.

Sin embargo, esta defensa evade la responsabilidad de no haber implementado políticas activas para mitigar el impacto, especialmente en un contexto donde la pobreza general ha disminuido según algunos indicadores económicos. La falta de un ombudsman militar o sindicatos, como señalan legisladores, agrava el silencio forzado de los efectivos, mientras el gobierno prioriza otros sectores, como la minería, sobre la defensa.En conclusión, la política hacia las Fuerzas Armadas bajo Milei parece más una consecuencia de un ajuste ideológico que una estrategia coherente.

El abandono salarial, el colapso de IOSFA, las bajas masivas y el material obsoleto no solo debilitan la defensa nacional, sino que socavan la moral y la profesionalidad de un sector clave. Sin una reorientación urgente que priorice el bienestar del personal y la modernización sostenible, esta política corre el riesgo de convertir a las Fuerzas Armadas en un vestigio funcional, incapaz de cumplir su rol constitucional en un país con desafíos geopolíticos crecientes.