Esta suspensión, iniciada en agosto de 2024 tras un decreto presidencial, busca evitar que el carbón colombiano sea utilizado en la producción de armas o energía que facilite las operaciones militares israelíes, que Petro ha calificado como parte de un “genocidio” contra los palestinos. Colombia, que en 2023 exportó alrededor de 60% de las importaciones de carbón de Israel (valoradas en unos 450 millones de dólares), ha enfrentado desafíos para implementar esta medida, con informes indicando que más de un millón de toneladas de carbón han llegado a Israel a pesar del decreto, debido a lagunas legales y la resistencia de empresas como Drummond y Glencore.Paralelamente,

Colombia ha asumido un rol activo en el Grupo de La Haya, una coalición internacional formada en enero de 2025 junto a países como Sudáfrica y Bolivia, con el objetivo de sancionar a Israel por supuestas violaciones al derecho internacional en Gaza. Esta iniciativa, reforzada por una conferencia de emergencia en Bogotá en julio de 2025, reúne a más de 30 estados, de los cuales 12 —incluyendo Colombia, Sudáfrica, Bolivia, Cuba, Indonesia, Iraq, Libya, Malaysia, Namibia, Nicaragua, Oman y Saint Vincent y las Grenadines— se comprometieron a medidas concretas, como la prohibición de exportaciones de armas y bienes duales a Israel. Petro ha ordenado a la Armada colombiana interceptar envíos que violen el ban de carbón, y ha criticado a funcionarios de su propio gobierno por no acatar plenamente la orden, calificándolo como una traición.

Sin embargo, la efectividad de estas medidas ha sido cuestionada. Informes sugieren que el ban de carbón no ha detenido el flujo significativo debido a la influencia de multinacionales y la falta de controles estrictos, mientras que el Grupo de La Haya, aunque ambicioso, enfrenta limitaciones por la ausencia de potencias globales y la resistencia de países como Estados Unidos, que apoya a Israel. La narrativa oficial colombiana destaca un compromiso moral con los derechos humanos, pero las contradicciones internas y la dificultad para imponer sanciones efectivas plantean dudas sobre su impacto real, sugiriendo que el gesto podría ser más simbólico que transformador en el contexto internacional.