Crueldad en el Veto: El Ajuste que castiga a los más vulnerables

La postura del gobierno, enmarcada en su compromiso con el “equilibrio fiscal innegociable” del Pacto de Mayo, no solo revela una desconexión con las necesidades de los más vulnerables, sino que también expone las grietas de una política económica que sacrifica a los jubilados y discapacitados en el altar de la austeridad.

El proyecto vetado, aprobado por el Congreso a principios de julio, buscaba aliviar la presión sobre más de 6 millones de jubilados y pensionados, cuyos haberes han sido erosionados por una inflación que supera el 100% anual, dejando al 50% de las FFAA en la pobreza, según reportes recientes. El aumento propuesto, que incluía elevar el bono de $70,000 a $110,000 ajustado por inflación, y la moratoria previsional para quienes no cumplen con los 30 años de aportes, representaban un respiro mínimo frente a la realidad de quienes deben elegir entre comer o medicarse.

Paralelamente, la ley de emergencia en discapacidad pretendía garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral hasta 2027, respondiendo a los reclamos de organizaciones que denuncian la discontinuidad de pagos y servicios esenciales. Sin embargo, el gobierno argumenta que estas medidas son “irresponsables” y amenazan la sostenibilidad fiscal, una justificación que choca con la asignación de beneficios fiscales al sector agroexportador, un contraste que ha avivado las críticas.La narrativa oficial, expuesta en el decreto de veto, sostiene que el proyecto desnaturaliza la movilidad jubilatoria y podría generar un aumento del 8% en el gasto primario, forzando a recurrir a emisión monetaria o deuda, prácticas que Milei ha condenado como causas del fracaso histórico.

Sin embargo, esta postura ignora el impacto humano: los jubilados enfrentan juicios masivos contra la ANSES por ajustes previos, con más de 277,260 casos pendientes al cierre de 2023, y las personas con discapacidad, excluidas de una pensión que cubriría el 70% del haber mínimo, quedan abandonadas en un sistema colapsado. La crueldad no radica solo en el veto, sino en la indiferencia ante un contexto donde el poder adquisitivo se desploma y las promesas de recuperación económica no llegan a los sectores más frágiles.

La oposición, desde Unión por la Patria hasta referentes como Graciela Ocaña y Juan Grabois, ha calificado la medida como inhumana, exigiendo un rechazo en el Congreso con dos tercios de los votos para anular el veto. Sin embargo, la fragmentación política y la presión del oficialismo, que confía en mantener el quórum en Diputados, sugieren que la batalla será cuesta arriba. En las calles, la bronca se hace sentir con movilizaciones que denuncian un gobierno que protege a los poderosos mientras castiga a los vulnerables. La pregunta que queda es si esta crueldad calculada fortalecerá la base de Milei o si, como advierten algunos, cavará su propia tumba política. Lo cierto es que, por ahora, los jubilados y discapacitados pagan el precio más alto de una política que parece más interesada en números que en vidas.