La crisis del fentanilo contaminado, que ha causado al menos 96 muertes, ha puesto bajo escrutinio a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), especialmente tras revelarse que el organismo conocía deficiencias críticas en el laboratorio HLB Pharma desde noviembre de 2024, pero no frenó la producción hasta febrero de 2025. Esto ha alimentado acusaciones de negligencia o desregulación deliberada.El gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado,

Federico Sturzenegger, ha defendido recortes presupuestarios y de personal en el ANMAT, argumentando que esto elimina ineficiencias y fomenta la responsabilidad individual. Sturzenegger ha sugerido que la dependencia del ANMAT pudo haber fallado por vínculos políticos, como el supuesto amiguismo con el laboratorio, y ha minimizado su rol regulatorio, afirmando que sin él los ciudadanos podrían cuidarse mejor. Sin embargo, críticos, incluidos legisladores y familiares de víctimas, sostienen que estos recortes —que redujeron un 30% el presupuesto desde 2024— debilitaron la capacidad de fiscalización, dejando al ANMAT sin recursos para inspecciones efectivas o decomisos oportunos, como se evidencia en la persistencia de lotes contaminados en el mercado.La narrativa oficial del gobierno subraya que actuó al inhabilitar el laboratorio y retirar 400,000 dosis, pero la tardanza y la falta de detenciones han generado sospechas de encubrimiento o incapacidad.

El Ministerio de Salud, bajo Mario Lugones, se constituyó como querellante, pero la ausencia de la ANMAT en ese rol y las reformas propuestas —como refuncionalizarla para centrarse solo en medicamentos y alimentos— sugieren una reestructuración que algunos ven como un intento de evadir responsabilidades pasadas. Sin embargo, esta crítica debe ser matizada: la crisis también expone fallas estructurales heredadas de gestiones previas, y no hay evidencia concluyente de una intención deliberada de destruir el ANMAT para beneficiar al fentanilo, aunque la desregulación pudo haber amplificado el problema.La falta de transparencia en los procesos del ANMAT y las tensiones políticas, como la recusación del juez Ernesto Kreplak por parte del gobierno, alimentan la percepción de un estado debilitado intencionalmente.

Aun así, sin datos independientes que confirmen un plan específico para sabotear la evaluación del fentanilo, esta afirmación parece más un reflejo del descontento social y político que una conclusión definitiva, sugiriendo que la verdad podría estar en una combinación de negligencia, recortes y fallas sistémicas más profundas.