96 Muertos sobre la Espalda del Gobierno: El Caso del Fentanilo Contaminado en Argentina

A continuación, se analiza críticamente este desastre, cuestionando la responsabilidad gubernamental y las implicaciones de un sistema de salud que permitió que un medicamento adulterado cobrara tantas vidas.

El Origen de la Tragedia

El caso del fentanilo contaminado se detectó inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata, donde pacientes internados en terapia intensiva comenzaron a presentar infecciones respiratorias graves causadas por las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Estas bacterias, presentes en más de 300,000 ampollas producidas por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., se relacionaron con al menos 96 fallecimientos, según actualizaciones judiciales lideradas por el juez Ernesto Kreplak. Aunque se estima que unas 45,000 dosis contaminadas fueron aplicadas a pacientes antes de que se retiraran los lotes, la falta de trazabilidad precisa y los registros incompletos han complicado la identificación de todas las víctimas, dejando abierta la posibilidad de que la cifra aumente.

La Carga sobre el Gobierno

La responsabilidad de este desastre recae en gran medida sobre el Gobierno, particularmente en su rol de supervisión a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Críticas generalizadas señalan que la ANMAT, bajo la dirección de la actual administración, no actuó con la diligencia necesaria para prevenir la circulación de un medicamento adulterado. Inspecciones previas a HLB Pharma en 2024 habían identificado deficiencias graves, como envases no autorizados y fallas en los controles de calidad, pero las medidas correctivas fueron insuficientes o tardías. La prohibición de los lotes contaminados llegó solo en mayo de 2025, cuando ya se habían registrado muertes, lo que sugiere una respuesta reactiva en lugar de preventiva.El silencio inicial del Gobierno, liderado por Milei, y de su ministro de Salud, Mario Lugones, hasta que la presión legislativa y social lo obligó a pronunciarse, ha alimentado la percepción de negligencia. La comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes exigiendo explicaciones sobre los signos de alarma ignorados y la posible existencia de negligencia, mientras que sectores opositores y familiares de las víctimas denuncian un "Estado ausente". Incluso dentro del oficialismo, figuras como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, han cuestionado la cadena de custodia, comparándola con el histórico caso de la efedrina, lo que expone divisiones internas y una falta de cohesión en la gestión de la crisis.

Una Crisis Amplificada por la Política

El caso ha trascendido lo sanitario para convertirse en un campo de batalla política, especialmente en el contexto de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Milei ha intentado desviar la culpa hacia el kirchnerismo, acusando a empresarios vinculados a ese sector, como Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, de ser los responsables. Sin embargo, esta narrativa ha sido recibida con escepticismo, ya que las fallas en los controles estatales bajo la actual administración son innegables. La tardanza en actuar y la reducción de recursos en organismos como la ANMAT, promovida como parte de las políticas de ajuste de Milei, han sido señaladas como factores que facilitaron el desastre. Mientras las familias exigen justicia, el Gobierno enfrenta un dilema: responder a la crisis o usar el escándalo como arma política, lo que solo agrava la percepción de irresponsabilidad.

Impacto Humano y Fallos Sistémicos

Las 96 muertes incluyen casos trágicos como el de Leonel Ayala, un joven que ingresó por un cálculo y falleció tras recibir fentanilo contaminado, o el de un bebé en Córdoba que lucha por su vida. Estas historias resaltan la vulnerabilidad de pacientes ya debilitados, cuya salud dependía de un sistema que falló en protegerlos. La falta de trazabilidad del fentanilo, un problema estructural en Argentina, y la dependencia de laboratorios con antecedentes cuestionables han expuesto la fragilidad del sistema sanitario. Expertos advierten que la ausencia de protocolos estrictos y la tolerancia a irregularidades en la producción farmacéutica crearon las condiciones para esta tragedia.

Crítica al Enfoque Gubernamental

La actitud del Gobierno ha sido ampliamente criticada como insuficiente. Más allá de las acusaciones cruzadas, Milei y su equipo no han presentado un plan claro para abordar las causas subyacentes ni para garantizar que no se repita un episodio similar. La decisión de inhabilitar a HLB Pharma tras los hechos, en lugar de anticiparse a las fallas detectadas, sugiere una gestión reactiva que prioriza la imagen sobre la prevención. Además, el intento de eximir al Estado de responsabilidad, argumentando fallos privados, ignora el deber de supervisión que recae en las autoridades sanitarias, financiadas con fondos públicos.

Conclusión

Las 96 muertes por el fentanilo contaminado son una carga que pesa sobre la espalda del Gobierno de Javier Milei, resultado de una combinación de negligencia, desregulación y falta de controles efectivos. Aunque los laboratorios como HLB Pharma tienen responsabilidad directa en la producción de un medicamento adulterado, la tragedia no habría escalado sin la inacción de la ANMAT y la priorización de políticas de ajuste sobre la seguridad sanitaria. Este caso exige una investigación exhaustiva, sanciones claras y reformas estructurales para restaurar la confianza en el sistema de salud. Mientras las familias lloran a sus seres queridos, el Gobierno enfrenta el desafío de asumir su parte en esta crisis y evitar que las 96 muertes queden como un símbolo de abandono estatal en lugar de un llamado a la acción.