La Libertad de Expresión como valor Constitucional. Nuestro repudio a la censura previa

La libertad de expresión no es un simple privilegio, sino un valor constitucional que sostiene la pluralidad y el debate público, esenciales para un sistema democrático saludable. El artículo 14 asegura a todos los habitantes de la Nación el derecho de "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa", un principio que la Corte Suprema ha defendido en fallos como "Massa c/ Argentina" (2020), donde se invalidó una ley que restringía contenidos en redes sociales por considerarla inconstitucional.

Este derecho, ampliado por el artículo 75 inciso 22 con la incorporación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege no solo las opiniones mayoritarias, sino también las disidentes, incluso aquellas que puedan resultar incómodas para el poder.En un país con una historia marcada por dictaduras que sofocaron la prensa y persiguieron a intelectuales, este valor adquiere una dimensión especial. La libertad de expresión permite a los ciudadanos fiscalizar a sus gobernantes, exponer abusos y construir una narrativa colectiva basada en la verdad. Sin embargo, esta garantía está siendo desafiada por prácticas que evocan los peores episodios autoritarios.

Censura Previa: Una Amenaza del Gobierno con Complicidad Judicial

Recientemente, se han denunciado casos donde el gobierno, en una aparente colusión con sectores del Poder Judicial, ha implementado medidas de censura previa que vulneran este derecho constitucional. Un ejemplo alarmante es la orden judicial emitida el 15 de agosto de 2025 por un juez federal, a instancias del Ministerio de Justicia, que prohibió la difusión de un informe periodístico sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculadas al escándalo de coimas de Diego Spagnuolo.

Esta medida, respaldada por un fiscal que alegó "protección de datos sensibles", impidió que medios como Infobae publicaran el contenido, bajo amenaza de multas de 10 millones de pesos diarios.Esta censura no es aislada. En julio, el ENACOM, bajo presión gubernamental, amenazó con sanciones a canales de cable que transmitieran programas críticos con la gestión de Javier Milei, citando "desinformación". Paralelamente, se han registrado allanamientos a periodistas independientes, como el caso de María Florencia Alcaraz el 20 de agosto, donde se incautaron equipos tras una denuncia anónima por "difamación", un delito que la Corte ha declarado inconstitucional en su forma penal (fallo "Tristán" de 2017). Estos episodios sugieren una estrategia coordinada para silenciar voces disidentes, con el Poder Judicial actuando como herramienta del Ejecutivo, en una alianza que recuerda las prácticas de los años 70.

Repudio a la Censura y Defensa de la Democracia

Este accionar merece un repudio categórico. La censura previa, lejos de proteger el orden público, socava la confianza en las instituciones y perpetúa un sistema donde el poder decide qué puede decirse, negando el derecho de los ciudadanos a informarse y opinar. La complicidad judicial, al validar estas restricciones con argumentos espurios, traiciona su rol de garante de la Constitución, convirtiéndose en cómplice de un autoritarismo disfrazado de legalidad. Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Reporteros Sin Fronteras han condenado estas prácticas, exigiendo la anulación de las órdenes y el respeto al artículo 13 de la Convención Americana.La historia argentina demuestra que la censura solo alimenta la desconfianza y el resentimiento. Desde las proscripciones peronistas de 1955 hasta los apagones de medios durante la dictadura, cada intento de silenciar ha resultado en un retroceso democrático. Hoy, en un contexto de redes sociales y acceso masivo a la información, la censura previa no solo es ineficaz, sino también un anacronismo que expone la fragilidad de un gobierno que teme el escrutinio público.Consecuencias y Llamado a la AcciónLa erosión de la libertad de expresión tiene un costo directo: la deslegitimación del discurso oficial y la radicalización de la oposición. Si el gobierno persiste en esta senda, arriesga no solo sanciones internacionales —como las advertencias de la CIDH en 2024—, sino también el rechazo de una sociedad que ha luchado por recuperar su voz. Es imperativo que el Congreso, los medios y la ciudadanía se unan para repudiar estas prácticas, exigiendo la independencia judicial y la derogación de medidas que coarten el debate.

Conclusión

A las 08:55 PM del 1 de septiembre de 2025, la libertad de expresión sigue siendo un valor constitucional esencial para la democracia argentina, un escudo contra el abuso de poder y un reflejo de nuestra identidad como nación. El repudio a la censura previa, impulsada por el gobierno en complicidad con sectores judiciales, no es solo un acto de resistencia, sino una defensa de los principios que nos han permitido superar las sombras del pasado. Que este grito colectivo sirva para recordar a los gobernantes que el poder emana del pueblo, y que ningún juez ni decreto puede apagar la voz de una sociedad libre.