el tema surge en un marco de controversia judicial reciente, particularmente relacionado con el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien ha sido mencionado en relación con acusaciones de censura y un historial de denuncias. Según información disponible, Maraniello enfrenta nueve denuncias por acoso sexual, violencia de género, abuso de poder y maltrato laboral, presentadas ante el Consejo de la Magistratura, además de acusaciones de prevaricato por favorecer al PAMI. Estas denuncias, impulsadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEFJN) y otras empleadas, datan de 2024 y están en proceso de investigación, con el juez notificado para su descargo en agosto de 2025.El vínculo con el gobierno se hace evidente en un fallo reciente donde Maraniello, a pedido del Ejecutivo, prohibió la difusión de audios que involucran a Karina Milei y el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que ha sido interpretado como censura previa. Esto ha generado críticas de sectores opositores, como Myriam Bregman, quien destacó la rapidez de la justicia en este caso frente a la lentitud en otros. La narrativa oficial del gobierno defiende la medida como protección de datos sensibles, pero la coincidencia con las denuncias contra Maraniello sugiere una posible estrategia de recurrir a un magistrado cuestionado para avanzar en sus intereses, aunque no hay pruebas directas de que el gobierno haya seleccionado al juez por sus causas pendientes.El contexto judicial argentino, con antecedentes como el caso del juez Fernando Bellido —sexto en el orden de mérito para la Cámara de Casación con un historial de liberación de un reincidente— o el ex juez José Antonio Charlín, condenado por nueve hechos de acoso y malversación, muestra un patrón de impunidad que podría facilitar este tipo de maniobras. Sin embargo, la falta de un comunicado oficial o documentos que confirmen un "recurso" específico del gobierno a Maraniello por estas nueve causas deja la información en el terreno especulativo. Es probable que los rumores se amplifiquen por la polarización política y el escándalo de corrupción, pero hasta que surjan pruebas concretas, la relación entre el gobierno y este juez debe tratarse con cautela, considerando que podría ser más una percepción que un hecho establecido.