Los problemas concretos que genera que Presti siga en actividad

1. Concentración de poder incompatible con la ley
   El artículo 2° del Decreto 1423/99 (reglamentario de la Ley de Defensa Nacional) y el artículo 29 de la Ley 23.554 establecen claramente que el Ministro de Defensa debe ser civil o, en su defecto, militar retirado. Un oficial en actividad no puede ejercer simultáneamente funciones de jefe militar operativo y de autoridad política superior de las tres Fuerzas.
   Presti hoy es Jefe del Estado Mayor General del Ejército y, si no pasa a retiro, sería al mismo tiempo:
   • subordinado del Presidente como Comandante en Jefe
   • subordinado del propio Ministro de Defensa (él mismo)
     Es un círculo vicioso que rompe la cadena de mando y genera confusión jurídica.
2. Riesgo de confusión entre rol político y rol profesional
   Cuando un general en actividad es ministro:
   • Puede usar su jerarquía militar para imponer decisiones políticas dentro de las Fuerzas (algo que los propios militares rechazan históricamente).
   • Puede ser percibido como “portavoz del Ejército” dentro del Gabinete, en lugar de ser el representante civil que ejerce el control político sobre las Fuerzas.
     Ese deslizamiento es exactamente lo que la Ley de Defensa 23.554 quiso evitar después de la experiencia de la dictadura.
3. Precedente peligroso para futuros gobiernos
   Si Milei rompe hoy la tradición civil con un general en actividad, mañana cualquier gobierno (peronista, radical o de cualquier signo) podrá nombrar a un almirante o brigadier en actividad sin pasar por el Congreso ni por el retiro. Se abre la puerta a la “militarización” progresiva del poder político, algo que Argentina pagó muy caro en el siglo XX.
4. Reacción inmediata de la oposición y de exministros
   • Agustín Rossi, Jorge Taiana y hasta Oscar Aguad (macrista) coincidieron en las últimas 48 horas: “Es un retroceso institucional gravísimo”.
   • El bloque de Unión por la Patria ya anticipó que pedirá interpelación y que, si Presti no pasa a retiro, presentará un proyecto de resolución para declarar inválida la designación.

La solución sencilla y respetuosa de la tradición democrática. Pedir el retiro es un trámite administrativo de 24-48 horas.
El Presidente lo acepta por decreto, Presti cobra su retiro militar (que es muy superior al sueldo de ministro) y asume como civil,

No hay pérdida de jerarquía ni de prestigio: el retiro es un acto administrativo, no una sanción. Al contrario, es la forma de legitimar plenamente su llegada al cargo.ConclusiónLas Fuerzas Armadas son de la Nación, no del gobierno de Milei ni de ningún otro.
Precisamente por eso, el control civil sobre ellas debe ser indiscutible e indiscutido.Que el teniente general Carlos Presti sea un excelente profesional (nadie lo discute) no cambia la regla de oro: quien viste el uniforme no puede sentarse en el sillón político sin antes colgar el uniforme en el placard.Pasar al retiro no es un capricho opositor ni una formalidad menor: es la única forma de que su designación sea constitucional, institucionalmente sana y aceptada por toda la sociedad argentina. Si el gobierno insiste en mantenerlo en actividad, no solo violará la ley: dará un mensaje muy preocupante sobre hacia dónde quiere llevar la relación cívico-militar en los próximos años.