El Detonante: Detenciones y Cargamentos Ocultos en UniformesEl punto de quiebre llegó el 8 de julio de 2025, cuando seis suboficiales de la II Brigada Acorazada del Ejército fueron detenidos en Iquique con 192 kilos de cocaína procedente de Bolivia, ocultos en un vehículo militar. Esta incautación no fue un hecho aislado: días antes, la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió una "casa de tortura" en Linares, operada por una red chilena con métodos importados de clanes venezolanos y colombianos. Pero el golpe más duro llegó el 11 de julio: un vuelo institucional de la Fuerza Aérea (FACh) fue interceptado en el norte del país con ketamina valorada en millones de dólares, traficada por suboficiales activos.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, reveló que la red de exsuboficiales del Ejército operaba desde 2024, transportando droga desde Iquique a Santiago en vehículos oficiales. "Esto no es un error individual; es una red que explotó la logística militar para evadir controles", declaró Steinert en una conferencia de prensa.

En diciembre, un sargento prófugo del Ejército se entregó tras cinco meses, acusado de liderar una banda narcomilitar que involucraba a otros funcionarios.

Estos eventos han generado un debate furioso en el Congreso, donde se exige levantar el secreto bancario para altos mandos militares y policiales, una medida bloqueada por sectores conservadores.De la Frontera Norte al Corazón del Estado: Cómo Entró el NarcotráficoLa frontera norte de Chile –especialmente Tarapacá y Arica– es el epicentro de esta infiltración. Con el auge de la migración irregular desde Venezuela y Bolivia, bandas como el Tren de Aragua han aprovechado la permeabilidad de las fronteras para traficar cocaína, ketamina y armas. Según el Índice Global de Crimen Organizado 2025, Chile subió de 4,6 a 5,5 en la escala de "contaminación criminal en el aparato estatal", señalando una "alerta roja" por la inserción de mafias en instituciones públicas.

Expertos como John Griffiths de AthenaLab advierten que la militarización antidrogas sin reformas en inteligencia ha facilitado esta "captura" interna, similar a México o Colombia.

La Armada, por su parte, ha incautado cargamentos en puertos como Coquimbo –600 kilos de marihuana en mayo de 2025–, pero también enfrenta acusaciones de corrupción en depósitos de armamento.

En cárceles como Alto Hospicio, gendarmes forman bandas narco, extendiendo la red al sistema penitenciario.

El Informe de la Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado (2025) es tajante: el secuestro ya no es "excepcional", sino un "componente estructural" de estas redes, con vínculos directos a militares corruptos.

Gendarmería confesó su "temor" a estas mafias, negándose a detallar cuántos reos pertenecen a clanes transnacionales.

La Resistencia Institucional: Justicia Militar vs. CivilUn obstáculo clave es la jurisdicción militar. La FACh resiste que la justicia civil investigue a sus miembros, reviviendo debates sobre la "impunidad" de los tribunales castrenses.

El ministro de Defensa, Maya Fernández, minimizó los hechos como "no estructurales", pero exigió auditorías patrimoniales anuales.

Críticos como el diputado Jorge Sabag (DC) alertan: "Si no actuamos, el crimen organizado aprenderá a usar nuestra propia logística contra nosotros".En redes sociales, la indignación es palpable. Usuarios como destacan cómo estos escándalos erosionan la imagen de las FF.AA., mientras otros, como critican la hipocresía política: "Kast quiere fiscalizar el crimen organizado, pero ¿y el de las Fuerzas Armadas?" Hacia una Respuesta: ¿Reformas o Más Despliegues?El presidente Gabriel Boric convocó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en febrero de 2024 para descartar intervenciones militares urbanas, optando por despliegues fronterizos bajo la Ley de Protección de Infraestructura Crítica.

Sin embargo, analistas como Pía Greene de la Universidad San Sebastián insisten: "Chile ya no enfrenta delincuencia común, sino crimen organizado transnacional. Las FF.AA. deben transformarse, no solo custodiar fronteras".

Propuestas incluyen un Centro Nacional de Inteligencia enfocado en Bolivia y Perú, tipificación autónoma de la tortura narco y eliminación del fuero militar para delitos comunes.

En el debate presidencial de diciembre 2025, candidatos como Jeannette Jara y José Antonio Kast prometen "quebrar" estas redes, pero la desconfianza persiste.

Chile enfrenta un dilema: ¿mantener el mito de FF.AA. intocables o reformarlas antes de que el crimen organizado las convierta en su aliado? Como advierte el informe de la Fiscalía, la lucha es colectiva, pero el tiempo apremia. En las calles de Iquique y Santiago, el rugido de los motores militares ya no evoca solo defensa, sino una pregunta inquietante: ¿quién custodia a los custodios?