Pero lo que genera mayor inquietud no es solo la escala del desastre, sino su timing sospechoso: justo cuando el gobierno de Javier Milei avanza en modificaciones clave a la Ley de Bosques Nativos (26.331) y, sobre todo, a la Ley de Manejo del Fuego (que incorporó restricciones post-incendio en 2020). Estas normas, impulsadas originalmente para desincentivar fuegos intencionales, prohibían cambiar el uso del suelo en tierras quemadas durante 30 a 60 años (según la categoría), bloqueando subdivisiones, loteos, actividades agropecuarias o inmobiliarias en zonas con bosque nativo.En diciembre de 2025, el Consejo de Mayo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunciaron explícitamente la intención de derogar o flexibilizar esos artículos (22 bis, ter y quater de la Ley de Manejo del Fuego), argumentando que "desincentivan la producción" y frenan inversiones.

El objetivo declarado: liberar tierras para agronegocio, minería, acuicultura y compra por extranjeros, en línea con la modernización laboral agraria y la actualización de la Ley de Bosques.Y aquí surge la casualidad inquietante: mientras el fuego avanza sin control en la Comarca Andina, el presupuesto para prevención y combate de incendios se desploma. En 2025 se dejó sin ejecutar un 25% de las partidas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; para 2026, el proyecto presupuestario prevé una caída real del 70-78% respecto a años anteriores. Brigadistas voluntarios financiados por donaciones y comunidades locales combaten al límite, mientras el Estado reduce recursos preventivos.

Organizaciones ambientalistas como FARN, Greenpeace y el CEPA denuncian que esta secuencia no es azar: desfinanciar la prevención, mantener condiciones climáticas extremas (sequía y vientos), y luego proponer derogar las trabas post-fuego equivale a abrir la puerta a la especulación sobre tierras "limpiadas" por el incendio. Máximo Kirchner defendió públicamente la vigencia de esas restricciones, advirtiendo que su eliminación solo beneficia al "lobby inmobiliario" y a quienes podrían incentivar fuegos intencionales para cambiar el destino de las propiedades.Peritajes preliminares ya detectaron acelerantes en algunos focos, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, admitió indicios de intencionalidad. En redes y medios alternativos circulan teorías que vinculan estos incendios a intereses externos (inmobiliarios, extractivos o incluso conspirativos como el viejo "Plan Andinia"), aunque sin pruebas concluyentes.

Lo concreto es el patrón: cada verano patagónico más destructivo coincide con presiones para desregular el uso del suelo.Mientras las llamas devoran bosques nativos irremplazables, la biodiversidad se pierde y comunidades enteras sufren, la pregunta flota en el aire: ¿por qué justo ahora, cuando las leyes que protegían esas tierras están en la mira del gobierno, la Patagonia se incendia con una intensidad que recuerda los peores años? La respuesta oficial habla de "nueva normalidad climática". Pero para muchos, la coincidencia entre recortes presupuestarios, propuestas de derogación y fuegos masivos huele a algo más que casualidad.La Patagonia necesita lluvia, brigadistas y recursos urgentes. Pero también transparencia: que se investigue a fondo la intencionalidad y que no se use la tragedia para justificar reformas que, en la práctica, podrían facilitar la reconversión de tierras quemadas en negocios privados. El fuego pasa, pero las cenizas quedan... y con ellas, la sospecha de que alguien gana con el desastre.