El origen remonta a 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En diciembre de ese año, la entonces presidenta anunció en la Casa Rosada la incorporación de 26 aeronaves hidrantes (modelo Air Tractor T-802-F) por unos 57 millones de pesos, en el marco de un contrato de leasing con financiamiento progresivo. El objetivo era fortalecer la capacidad estatal para combatir incendios forestales, pasando de alquileres de emergencia a una flota propia.

Sin embargo, verificaciones independientes como las de Chequeado aclararon que no se trató de una compra directa, sino de un arrendamiento con opción a adquisición: mientras se pagaban las cuotas, las aeronaves se iban "pagando" y pasando a propiedad del Estado.Al asumir Macri en diciembre de 2015, el Ministerio de Ambiente (recién creado como cartera) heredó ese esquema. Según denuncias de sectores kirchneristas y publicaciones en medios como Nueva Ciudad, Política Argentina y FundaVida, Bergman decidió cancelar el contrato vigente: devolvió las aeronaves ya incorporadas temporalmente, abrió una nueva licitación internacional (iniciada en 2016) y, finalmente, la dejó sin efecto o desestimó ofertas, argumentando irregularidades, costos elevados o preferencias por medios aéreos más adecuados (como helicópteros o aviones más pequeños para terrenos montañosos y ventosos).

El resultado: el Ministerio quedó sin los aviones del contrato de 2012 y sin una flota nueva consolidada, generando críticas por "inoperancia" y dependencia de contrataciones privadas en emergencias.Bergman, en su momento, defendió la decisión alegando que el esquema anterior era caro e ineficiente, y que priorizaba soluciones técnicas realistas. En 2017, ante incendios masivos en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires (más de un millón de hectáreas afectadas), enfrentó acusaciones de Cristina Kirchner por "irresponsabilidad y negligencia", quien lo señaló directamente por cancelar el leasing y dejar al Estado sin recursos aéreos propios.

El rabino respondió que "no soy bombero ni brigadista" y que las decisiones técnicas correspondían a expertos, no a él personalmente. También fue denunciado por presuntas irregularidades en contrataciones directas de helicópteros (como con la empresa española TAF), aunque no prosperaron judicialmente.Esta narrativa resurge ahora con fuerza en el contexto de los incendios 2026 y los recortes presupuestarios del gobierno actual (hasta 78% en prevención para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego). En redes, se viralizan frases como "Bergman eliminó los aviones hidrantes, total el cambio climático no existe" o "dijo que en caso de incendios no queda otra que rezar". Críticos del macrismo lo usan para contrastar con gestiones anteriores y cuestionar políticas ambientales de Juntos por el Cambio.Sin embargo, no hay consenso absoluto: algunos análisis señalan que el contrato original tenía problemas de ejecución (pagos incumplidos o licitaciones fallidas), y que Bergman intentó alternativas que no fructificaron por impugnaciones cruzadas entre oferentes.

Lo concreto es que Argentina no consolidó una flota propia de aviones hidrantes durante ese período, y la dependencia de alquileres privados o provinciales persiste hasta hoy.Mientras brigadistas combaten al límite en la Patagonia con recursos mermados, el debate revive: ¿fue una decisión técnica razonable o un desmantelamiento deliberado de capacidades estatales? La memoria política argentina no olvida nombres como Bergman cuando el fuego arde y las explicaciones escasean. La emergencia ambiental exige acciones concretas, no solo recuerdos polémicos.