El marco legal actual ya es uno de los más estrictos de América Latina, gracias a la Ley 20.653 (publicada en febrero de 2013), que modificó el Código Penal y la Ley de Bosques para elevar drásticamente las penas. Principales sanciones vigentes:

• Uso indebido del fuego sin causar incendio: Presidio menor en grado mínimo a medio (61 días a 3 años) + multa de 11 a 50 UTM (aprox. $700.000 a $3.5 millones CLP).
• Incendios que destruyen bosques, plantaciones, bienes o patrimonio forestal: Presidio menor en grado medio a máximo (541 días a 5 años) + multa de 50 a 150 UTM (hasta ~$10.5 millones CLP).
• Casos en Áreas Silvestres Protegidas o con propagación grave: Presidio menor en grado máximo (hasta 5 años) + multas de 100 a 200 UTM (~$7 a $14 millones CLP). En extremos, si afecta gravemente la vida animal/vegetal en áreas protegidas, puede llegar a presidio mayor (5 años y 1 día a 20 años) + expulsión si el culpable es extranjero.

El 99% de los incendios en Chile tiene origen humano (intencional ~30-35%, negligencia el resto), y la ley busca disuadir con castigos proporcionales al daño: vidas perdidas, destrucción de viviendas, economías regionales colapsadas y ecosistemas irreversibles.El proyecto en trámite: "Ley Larga de Incendios" (Boletín 16335-14)Presentado por el gobierno de Gabriel Boric en octubre 2023 y aprobado en la Cámara de Diputados en marzo 2024, este proyecto busca modernizar el sistema con:

• Creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor) para mejor prevención y respuesta.
• Multas más altas (hasta 5.000 UTM en infracciones graves).
• Análisis nacional de riesgo, clasificación territorial por niveles de amenaza.
• Medidas preventivas como cortafuegos obligatorios y restricciones a plantaciones exóticas cerca de zonas pobladas.

Sin embargo, está estancado en la Comisión de Hacienda del Senado desde hace más de un año (desde marzo 2025), pese a la urgencia dada por el Ejecutivo y llamados repetidos de Boric (el 19-20 de enero 2026 reiteró: "Le dimos urgencia y no está en tabla"). Críticas incluyen falta de financiamiento suficiente, debilidades en persecución penal por intencionalidad y traslado de obligaciones sin recursos a pequeños propietarios. Organizaciones como Defendamos Chiloé y peticiones en Change.org exigen acelerar y endurecer aún más (incluso propuestas extremas de cadena perpetua para intencionales).

¿Por qué es un ejemplo a imitar?Países como Argentina enfrentan temporadas similares (ej. Delta del Paraná, Patagonia), pero Chile combina penas elevadas con institucionalidad (Conaf, Sernafor en camino) y declaración rápida de catástrofe para movilizar recursos. El endurecimiento de 2013 ya disuadió algunos casos, y el proyecto pendiente apunta a pasar de reacción a prevención estructural. En un contexto de cambio climático (sequías extremas, olas de calor), esto resalta la necesidad de legislación disuasiva y ejecución efectiva.Si Argentina o la región buscan inspiración, Chile muestra que endurecer penas + invertir en prevención puede marcar diferencia, aunque el Congreso debe acelerar para que no quede en papel. La temporada 2025-2026 ya supera los 2.000 focos: actuar ahora es clave