Los 11 condenados eran considerados los principales líderes de varios complejos de estafa ubicados en la región fronteriza de Kokang y Shan del Este (Myanmar), zonas controladas por milicias étnicas y grupos armados que operan como “estados paralelos”. Estos centros —conocidos como “compounds” o “scam parks”— forzaban a decenas de miles de personas (muchas de ellas chinas engañadas con falsas ofertas de empleo) a participar en estafas telefónicas, phishing, romance scams, inversiones falsas en criptomonedas y extorsión digital contra víctimas en China, pero también en todo el mundo.Detalles del caso

• Los 11 ejecutados eran cabecillas de alto nivel (dueños o gerentes principales) de al menos cuatro grandes complejos:
  • KK Park
  • Huanya Park
  • China Resources Industrial Park
  • Otro complejo en la frontera con Laos
• Se les atribuye haber estafado más de 3.200 millones de yuanes (aprox. 450 millones de dólares) solo en víctimas chinas.
• Las condenas incluyeron cargos por tráfico de personas, tortura, secuestro y homicidio (varias víctimas murieron por maltrato o intentos de fuga).
• Las ejecuciones se realizaron tras agotar todas las instancias de apelación y recibir la aprobación final del Tribunal Supremo Popular de China.

Contexto: la guerra china contra los “scam compounds”Desde 2023, Pekín lanzó una ofensiva sin precedentes contra los centros de estafa en el sudeste asiático:

• Operación “Cazador de Fraude” (2023-2025): más de 240.000 sospechosos repatriados desde Myanmar, Camboya, Laos, Filipinas y Tailandia.
• Presión diplomática y económica sobre el gobierno militar de Myanmar (que controla poco territorio en la frontera).
• Acuerdos con milicias locales (como la Alianza de los Tres Hermanos en 2023-2024) para desmantelar complejos a cambio de cese de hostilidades.
• Campañas masivas de repatriación forzada: miles de chinos engañados fueron rescatados y devueltos, muchos tras meses de cautiverio y tortura.

Las ejecuciones de hoy son las más altas de una sola vez desde que China reanudó las penas capitales públicas por este tipo de delitos en 2024. En total, desde 2023 se han confirmado al menos 47 ejecuciones relacionadas con la industria de estafas transfronterizas.Reacciones

• Myanmar (junta militar): silencio oficial. El ejército birmano controla muy poco de la frontera noreste y depende de acuerdos con milicias para mantener una tregua frágil.
• ONG y derechos humanos: Amnistía Internacional y Human Rights Watch condenaron las ejecuciones como “pena de muerte extrajudicial” y pidieron transparencia sobre los juicios.
• Víctimas y opinión pública china: amplio apoyo. En Weibo y Douyin, los comentarios celebran la medida como “justicia ejemplar” contra “los traidores que avergüenzan a la nación”.

Pekín envía un mensaje claro: quien use territorio extranjero para estafar a ciudadanos chinos, enfrentará la ley china sin importar dónde esté. La “industria del fraude” en el sudeste asiático, que mueve miles de millones al año, acaba de recibir su golpe más duro hasta la fecha.Y China no parece dispuesta a detenerse.