La iniciativa forma parte de un decreto presidencial que el presidente Javier Milei tendría prácticamente listo para firmar y publicar en el Boletín Oficial. Según múltiples fuentes oficiales consultadas por medios como Infobae, La Nación y agencias especializadas, el texto divide formalmente las prestaciones del actual IOSFA: por un lado quedarían las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) bajo la órbita del Ministerio de Defensa, y por el otro las fuerzas federales de seguridad pasarían a depender del Ministerio de Seguridad.Una vez publicada la norma, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva lanzaría la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) y convocaría a licitación a las principales empresas del sector privado de salud: OSDE, Swiss Medical, Hospital Italiano, Galeno, Medicus y otras que ya mantuvieron contactos preliminares con el equipo técnico del ministerio durante 2025.
El objetivo principal es atender a aproximadamente 197.000 beneficiarios (personal activo, retirados y sus familiares) de Gendarmería y Prefectura, que hoy enfrentan graves problemas de prestaciones: demoras de meses en autorizaciones, falta de medicamentos de alto costo, suspensiones de tratamientos y una deuda acumulada del IOSFA que supera los $200.000 millones.Fuentes del Ministerio de Seguridad explicaron que “muchos efectivos ya pagan de su bolsillo planes privados adicionales porque el sistema actual no da respuestas”. El nuevo esquema busca garantizar cobertura federal de calidad, especialmente en zonas de frontera y puntos geográficos alejados donde se concentra una parte importante del personal.Etapas y desafíos pendientes
El principal desafío logístico radica en la dispersión geográfica: alrededor del 60% de los efectivos se concentra en el AMBA, Corrientes y Misiones, pero el resto está distribuido en más de 150 localidades del interior.Mientras se concreta el decreto, el IOSFA continuará operando de manera “residual” durante la transición, aunque con limitaciones severas.
El pasivo acumulado quedaría bajo responsabilidad del Ministerio de Economía, que planea renegociarlo con prestadores y laboratorios.La medida responde a un reclamo histórico de las fuerzas federales, que desde hace años denuncian que la fusión en el IOSFA (dispuesta en 2013) generó burocracia excesiva y deterioro en la calidad de las prestaciones. Fuentes de ambas carteras (Defensa y Seguridad) coinciden en que la reforma es “prioritaria” para mejorar el bienestar del personal uniformado.Hasta el momento no se publicó el decreto ni los pliegos de la licitación.
Fuentes cercanas al Poder Ejecutivo anticipan que la norma podría aparecer en el Boletín Oficial en los próximos días, dando inicio formal al proceso de tercerización parcial de la salud de las fuerzas de seguridad.El cambio representa una apuesta fuerte por el sector privado en un área tradicionalmente estatal, con el objetivo declarado de terminar con el colapso operativo del IOSFA y ofrecer una atención más ágil y eficiente a quienes cumplen funciones de seguridad en todo el territorio nacional.