Desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA (luz, gas, agua y transporte) acumula un incremento de entre 561% y 594%, según cálculos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP – UBA/Conicet) y otros observatorios. En el mismo período, la inflación acumulada se ubica en torno al 194% (con el IPC de 2025 cerrando cerca del 31,5%). Esto implica que los servicios subieron casi tres veces más que el nivel general de precios.

El gas es el que más presión genera en esta nueva tanda: el ajuste del 16,86%–16,9% impacta en todas las categorías residenciales. Para el 70% de los usuarios, el aumento en la factura ronda entre $960 y $6.400, mientras que los hogares de mayor consumo pueden ver subas de hasta $11.300. La Secretaría de Energía argumenta que estos movimientos buscan “previsibilidad” y evitar saltos bruscos en invierno, gracias al prorrateo anual del precio del gas (el llamado “precio flat”).

En paralelo, la electricidad sube un 3,59% promedio en el AMBA (Edenor y Edesur), mientras que en el interior del país el impacto varía según distribuidora y nivel de subsidio. Transporte público también ajusta: en CABA el boleto mínimo ronda los $637–$763, y en Provincia de Buenos Aires sube 4,5% (mínimo pasa de $685 a $719).

El contraste con el discurso oficial

El Gobierno destaca permanentemente la desaceleración inflacionaria: 2025 cerró con la inflación más baja en ocho años (31,5%), y el Presidente Milei y el ministro Caputo lo presentan como prueba de que “el ajuste fiscal y el control monetario son el único camino viable”.

Sin embargo, críticos económicos y sectores opositores sostienen que esta baja se logró, en buena medida, licuando ingresos vía tarifazos y recorte de subsidios, lo que traslada la presión inflacionaria directamente al bolsillo de las familias.“El Presidente parece consumir su propia narrativa de éxito macroeconómico mientras los argentinos pagan facturas que crecen desproporcionadamente”, señalan voces en redes y en medios críticos.

El peso de luz y gas en el presupuesto familiar alcanzó niveles récord en las últimas tres décadas (superando el 4,4% del salario promedio en varios momentos de 2025), y la nueva metodología del IPC (vigente desde enero 2026) da aún más incidencia a los servicios regulados, lo que podría mostrar una inflación acumulada de la gestión cercana al 270% en lugar del 259% anterior.El esquema de subsidios focalizados continúa reduciéndose: el gasto en este rubro bajó de 1,7% del PBI en 2023 a cerca de 0,66% en 2025, con meta de llegar al 0,5% en 2026.

Bonificaciones transitorias (hasta 25% adicional en 2026 para algunos segmentos) amortiguan parcialmente el impacto, pero solo para quienes mantienen los niveles N2 y N3. Los usuarios N1 ya pagan costo pleno.

Impacto en los hogares y perspectivas

En un contexto de salarios reales aún por debajo de los niveles pre-2023 y consumo estancado, los aumentos de febrero profundizan la sensación de que “todo sube menos los ingresos”. Organizaciones de usuarios y sindicatos advierten que la clase media y los sectores de menores recursos son los más afectados, con mayor proporción de gasto en servicios esenciales.Mientras el Ejecutivo insiste en que la normalización tarifaria es imprescindible para sanear las cuentas públicas y atraer inversiones (especialmente en Vaca Muerta), la pregunta que circula en la calle y en la oposición es clara: ¿cuánto más puede soportar el bolsillo argentino antes de que la “estabilidad macro” se traduzca en alivio concreto para las familias?Por ahora, febrero 2026 confirma la tendencia: los servicios públicos siguen siendo el rubro de mayor tensión en la economía cotidiana, incluso cuando los números generales de inflación muestran una desaceleración que el Gobierno celebra con entusiasmo.