Desde diciembre 2023 hasta inicios de 2026, la canasta de servicios públicos (electricidad, gas natural, agua y transporte público) en el Área Metropolitana de Buenos Aires acumula subas de entre 561% y 594%, según cálculos del IIEP (UBA-Conicet) y otros observatorios. En el mismo período, la inflación general ronda el 194%. Esto significa que los servicios esenciales subieron casi tres veces más que los precios promedio, con un efecto especialmente gravoso en hogares de ingresos medios y bajos, categoría en la que se encuentra la mayoría del personal de las Fuerzas Armadas.

El doble golpe para el personal militar y sus familias

El personal de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y en menor medida de fuerzas de seguridad federales, enfrenta una combinación particularmente dura:

• Salarios reales deprimidos — A pesar de actualizaciones nominales (como la resolución conjunta de diciembre 2025 y el ajuste retroactivo de enero 2026 del 8,5%–10% en algunas escalas), los haberes de cabos, soldados voluntarios, suboficiales y oficiales subalternos siguen ubicándose en gran parte por debajo o apenas en la línea de pobreza para una familia tipo. Un cabo primero con antigüedad media cobra alrededor de $500.000–$600.000 líquidos (cifras aproximadas según escalas oficiales de febrero 2026), mientras que un suboficial principal con hijos a cargo rara vez supera los $800.000–$900.000.
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• Aumentos en servicios que se comen el bolsillo — En febrero 2026:
  • Gas natural: suba promedio del 16,9% (por quita parcial de subsidios y precio unificado anual). Impacto en factura: entre $960 y $11.300 adicionales según zona y consumo.
  • Electricidad: ajuste del 3,6% promedio en el AMBA (Edenor/Edesur), pero con quita progresiva de subsidios para usuarios N2 y N3.
  • Agua (AySA): incremento del 4% mensual (boleta promedio ~$26.900–$31.700).
  • Transporte público: subas del 2,8% al 4,8% (boleto mínimo ~$637–$763 en CABA; más alto en el conurbano).
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  Para una familia militar tipo (matrimonio con 2–3 hijos, viviendo en provincia o conyugue en AMBA por traslados), estos incrementos representan entre $15.000 y $40.000 mensuales adicionales solo en servicios básicos, según estimaciones de observatorios privados. Ese monto equivale al 5%–10% del haber neto de un suboficial o cabo con familia a cargo, en un contexto donde ya destinan una porción elevada a alquileres, educación y comida.

El contexto agravante: crisis en IOSFA y falta de contención

El impacto se multiplica por la grave situación del IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), que arrastra una deuda superior a los $200.000 millones, cortes frecuentes de prestaciones y demoras en medicamentos de alto costo. Muchas familias militares ya pagan planes privados adicionales o cubren de bolsillo tratamientos que la obra social no alcanza a solventar.

La posibilidad de un aumento en los aportes obligatorios (hoy 6% del salario) para intentar sanear las cuentas genera fuerte rechazo: sería un nuevo descuento en un sueldo que ya no alcanza.A esto se suma la dispersión geográfica: miles de efectivos están destinados en provincias o zonas de frontera donde los costos de gas envasado (GLP) y transporte son aún más altos, y los aumentos impactan con mayor crudeza por la falta de redes de gas natural.

Medidas paliativas y reclamos pendientes

El Gobierno lanzó el programa “Familia Militar” (octubre 2025), que ofrece descuentos de hasta 50% en alimentos, turismo, educación y otros rubros a más de un millón de personas vinculadas a Defensa. Sin embargo, los beneficios no incluyen directamente luz, gas ni agua, por lo que no amortiguan el principal golpe al presupuesto familiar.

Desde círculos militares y retirados se multiplican los reclamos por una recomposición salarial real que contemple la inflación acumulada y los tarifazos, así como una solución urgente a la crisis del IOSFA (división en curso y posible licitación con prepagas para fuerzas de seguridad).Mientras el discurso oficial enfatiza la “normalización tarifaria” como paso necesario para sanear las cuentas públicas y atraer inversiones, para muchas familias de uniformados el resultado es concreto: facturas que suben más rápido que los haberes, menos margen para imprevistos y una sensación creciente de que el esfuerzo diario por la patria no encuentra el reconocimiento económico equivalente en el hogar.

En un año electoral que se avecina, el malestar por los servicios públicos podría convertirse en uno de los temas más sensibles dentro de la propia comunidad militar y de seguridad.