Esta modificación, impulsada por el gobierno de Javier Milei, reduce las áreas protegidas y otorga mayores facultades a las provincias para habilitar actividades extractivas como la minería en zonas periglaciares que no demuestren una "función hídrica comprobable".

Aunque el oficialismo la presenta como un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental, críticos y expertos la ven como una clara entrega de recursos naturales estratégicos a corporaciones transnacionales, priorizando el lucro sobre la preservación del patrimonio hídrico y la biodiversidad nacional.El Contexto de la Reforma: De la Protección a la FlexibilizaciónLa Ley de Glaciares original, sancionada en 2010, establecía la prohibición absoluta de actividades industriales en glaciares y entornos periglaciares, reconociéndolos como reservas estratégicas de agua dulce.

Estos ecosistemas, vitales para la recarga de cuencas hidrográficas en regiones áridas como la Cordillera de los Andes, suministran agua potable y para riego a millones de argentinos. Sin embargo, la reforma introduce precisiones que distinguen entre periglaciares con "función hídrica efectiva y relevante" y aquellos que no, permitiendo la explotación en los segundos tras evaluaciones provinciales.

Esto, en la práctica, abre la puerta a proyectos mineros de litio, cobre y otros minerales críticos, paralizados hasta ahora por la normativa vigente.El gobierno argumenta que la ley actual es "ambigua" y frena inversiones por miles de millones de dólares, citando ejemplos de países como Chile, Canadá y Australia donde la minería convive con protecciones ambientales.

No obstante, esta reinterpretación se alinea con acuerdos internacionales recientes, como el pacto con Estados Unidos para impulsar la extracción de recursos estratégicos, lo que sugiere una agenda geopolítica que prioriza el acceso extranjero a materias primas argentinas.

La Entrega de Recursos: Agua, Minerales y Soberanía en JuegoLa reforma no solo flexibiliza protecciones, sino que transfiere competencias clave a las provincias, dueñas constitucionales de los recursos naturales según los artículos 41 y 124 de la Carta Magna.

Sin embargo, esto genera preocupaciones sobre un "falso federalismo", donde gobernadores, a menudo influenciados por lobbies mineros, podrían priorizar regalías a corto plazo sobre la sostenibilidad.

Organizaciones como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre y WCS Argentina advierten que debilitar la ley pondría en riesgo más de la mitad de los vertebrados del país, afectando hábitats únicos y acelerando la extinción de especies adaptadas a estos entornos fríos.

En términos de recursos, Argentina posee vastas reservas de litio en salares andinos y depósitos de cobre en áreas periglaciares, valorados en decenas de miles de millones de dólares.

Empresas como Barrick Gold, Glencore, Río Tinto y Chinalco, entre otras transnacionales, han presionado durante años por cambios normativos.

La reforma facilitaría su acceso, pero a costa de contaminar cuencas hídricas con sustancias tóxicas como cianuro y ácido sulfúrico, comunes en la megaminería. Ambientalistas denuncian que esto equivale a "regalar recursos naturales por el 1% del empleo nacional", ya que el sector minero representa apenas una fracción mínima de la economía, mientras que el agua de glaciares sostiene agricultura, industria y vida cotidiana en provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén.

Además, la medida viola el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, al recortar protecciones existentes sin evidencia científica robusta.

Expertos como geólogos independientes destacan que la ley actual no protege "hipótesis" sino procesos geológicos reales, y que la reforma ignora impactos cumulativos como el derretimiento acelerado por el cambio climático.

Reacciones y Perspectivas:

Un Debate Nacional PendienteLa aprobación en el Senado, con 40 votos a favor y 31 en contra, fue celebrada por Milei como un "3-0" en su agenda legislativa, junto al acuerdo Mercosur-UE y otras medidas.

Sin embargo, en redes sociales y foros públicos, la reforma genera rechazo masivo. Usuarios  defienden un enfoque científico, pero otros, como, la ven como un secuestro del país por corporaciones globales. Manifestaciones y informes técnicos de ONGs alertan sobre irreversibles daños a la biodiversidad y el agua, esencial en un país con sequías recurrentes.

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde podría convertirse en ley. Si se aprueba, Argentina arriesga no solo su soberanía ambiental, sino un legado de recursos agotados para generaciones futuras. Esta reforma no es modernización; es una entrega disfrazada de progreso, donde el Estado cede control a intereses privados, priorizando exportaciones de commodities sobre la autodeterminación nacional. En un mundo donde el agua vale más que el oro, ¿estamos vendiendo nuestro futuro por migajas económicas? La respuesta, para muchos, es un rotundo sí.