¿Equidad o Exclusión? La Nueva Asignación por Refrigerio Ignora a Retirados y Pensionados en Plena Crisis Inflacionaria

Introducción

La medida administrativa referida en el expediente EX-2026-19603418-APN, tramitado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la República Argentina, autoriza la implementación de una asignación por refrigerio destinada exclusivamente al personal militar en actividad que preste servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta disposición, firmada por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Presti, busca compensar los gastos adicionales derivados de la inflación y las condiciones laborales en una zona urbana de alto costo de vida.

Sin embargo, la exclusión explícita de personal en situación de disponibilidad, pasiva, retirados y pensionados genera interrogantes sobre equidad, igualdad y el cumplimiento de principios constitucionales, en un contexto de crisis económica que afecta por igual a todos los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Detalles de la Medida

• Beneficiarios: La asignación alcanza únicamente al personal militar en servicio efectivo (en actividad) desplegado en unidades y organismos del AMBA, determinados por cada Fuerza Armada (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). Se excluye expresamente a quienes estén en comisión o misión en el exterior, ausentes sin justificación, en licencia, en situación de disponibilidad o pasiva. Esto deja fuera a retirados y pensionados, quienes no perciben este beneficio pese a residir potencialmente en la misma zona y enfrentar similares presiones inflacionarias.
• Monto y Cálculo: El pago es diario y equivalente al 0,35% del haber mensual del grado de Teniente General, lo que representa aproximadamente $307.000 mensuales (asumiendo un promedio de días laborables). Este monto es uniforme para todas las jerarquías, bajo el argumento de igualdad en los gastos de refrigerio, independientemente del rango.
  No es remunerativa ni bonificable, por lo que no se incorpora al salario base ni afecta cálculos de jubilaciones o aportes.

Análisis Crítico

Aunque la asignación representa un reconocimiento positivo a las demandas del personal activo en una zona de alto costo como el AMBA, su diseño genera críticas sustantivas en términos de equidad social, constitucional y estratégica para las Fuerzas Armadas:

1. Desigualdad y Discriminación por Situación Laboral: La exclusión de retirados y pensionados es el punto más controvertido. Estos grupos, que representan a miles de exmiembros de las Fuerzas Armadas, enfrentan la misma inflación y costos elevados en el AMBA (donde muchos residen por razones históricas o familiares). Según datos de asignaciones familiares para retirados (disponibles en trámites oficiales), sus haberes ya están sujetos a topes y limitaciones, y no perciben beneficios como este, lo que agrava su vulnerabilidad económica. Esto podría interpretarse como una violación al principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional), ya que discrimina por estado (activo vs. pasivo) sin justificación proporcional. En un país con alta inflación (proyectada en 2026 por encima del 50% anual, según estimaciones económicas), esta omisión perpetúa la brecha entre activos y pasivos, donde los primeros reciben compensaciones transitorias mientras los segundos dependen de actualizaciones jubilatorias insuficientes.
2. Impacto en la Moral y Cohesión Institucional: Las Fuerzas Armadas argentinas han enfrentado históricamente tensiones por disparidades salariales y beneficios. Excluir a retirados —muchos de los cuales contribuyeron décadas al servicio— podría erosionar la lealtad y el sentido de comunidad. En foros castrenses y redes sociales, aunque no hay críticas virales recientes sobre esta medida específica (dado su novedad), patrones similares en resoluciones pasadas han generado descontento, como en ajustes de haberes que priorizan activos.Estratégicamente, en un contexto de modernización militar (como la adquisición de F-16 o reformas por DNU), ignorar a pensionados podría desincentivar el reclutamiento y retención, ya que el "post-servicio" se percibe como desprotegido.
3. Aspectos Económicos y Presupuestarios: La medida es transitoria y no incorporable al salario, lo que la convierte en un "parche" en lugar de una solución estructural. Si bien invoca "razonabilidad", el monto fijo (basado en el haber de Teniente General) podría no reflejar diferencias reales en necesidades por jerarquía o familia, contradiciendo parcialmente su propio argumento de igualdad. Presupuestariamente, se financia con fondos de las Fuerzas, lo que podría desviar recursos de áreas críticas como equipamiento o entrenamiento. En comparación con asignaciones familiares para retirados (limitadas por topes), esta disposición parece priorizar lo operativo sobre lo social, en línea con la política de austeridad del gobierno actual.
4. Posibles Implicaciones Legales: Podría enfrentar reclamos judiciales por parte de asociaciones de retirados argumentando discriminación. Precedentes como fallos sobre movilidad jubilatoria (ej. Caso Blanco) sugieren que la Justicia podría obligar a extensiones si se prueba desigualdad arbitraria.
   • Además, en el marco de la Ley 19.101 (para el Personal Militar), que regula haberes y beneficios, esta exclusión podría cuestionarse por no alinearse con el "servicio efectivo" extendido a pasivos en ciertas interpretaciones.

Conclusiones y Recomendaciones Esta asignación por refrigerio es un paso positivo para mitigar el impacto inflacionario en el personal activo del AMBA, reconociendo las peculiaridades urbanas y laborales. Sin embargo, su exclusión de retirados y pensionados la convierte en una medida incompleta y potencialmente injusta, que agrava desigualdades en un sector ya vulnerable. En un contexto de crisis económica y tensiones internas (como las recientes peleas mediáticas en el gobierno), priorizar solo a activos podría minar la cohesión de las Fuerzas Armadas.Recomendaciones:

• Extender el beneficio a retirados residentes en AMBA mediante una prórroga o resolución complementaria.
• Realizar una auditoría independiente para evaluar el impacto real en gastos y equidad.
• Incorporar mecanismos de ajuste automático por inflación para evitar transitoriedad.