Es hora de invertir la carga de la pruebaEn Argentina, un ciudadano común es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Un funcionario público debería ser culpable hasta que demuestre lo contrario.Esto significa que cuando un funcionario es acusado de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, gastos excesivos o cualquier irregularidad con dinero público, le corresponde a él probar su inocencia, no al Estado ni al ciudadano demostrar su culpabilidad.
¿Por qué?
Porque el funcionario maneja fondos de todos los argentinos. Porque su poder viene del pueblo. Porque tiene acceso a información privilegiada y recursos que el ciudadano común no tiene. La presunción de inocencia absoluta para quien administra plata ajena es un lujo que la Argentina ya no se puede permitir.Adorni es solo el ejemplo más visible del momento, pero no es el único.
Cada vez que un funcionario explica sus gastos suntuosos con un simple “está dentro del presupuesto” o “es necesario para la función”, sin mostrar comprobantes detallados, facturas y justificaciones públicas, está abusando de la confianza ciudadana.
¿Qué debería pasar ahora?
El discurso de “no hay plata” pierde toda legitimidad cuando los que lo pronuncian viven con estándares que la mayoría de los argentinos ni siquiera sueñan.Adorni ya no es defendible.
Y el sistema que lo protege tampoco.Es hora de dar vuelta la lógica:
El funcionario público no es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
Es culpable hasta que demuestre lo contrario.Porque el dinero no es suyo.
Es nuestro.