Según un documento oficial al que accedieron varios medios (entre ellos La Política Online), el gobierno puso bajo revisión estas 44 propiedades distribuidas en todo el país. Muchas de ellas eran hoteles, delegaciones, centros recreativos y residencias que estaban bajo la órbita del IOSFA o en proceso de transferencia.El plan incluye:
Entre los inmuebles mencionados en las denuncias se encuentran propiedades históricas de las Fuerzas Armadas, como hoteles en Tierra del Fuego, Córdoba (residencia Cosquín), y otros centros de descanso y recreación que tradicionalmente servían al personal militar y sus familias.
La desidia convertida en remate
Esta medida es el símbolo más claro de la desidia y la falta de visión estratégica del actual Ministerio de Defensa: En vez de auditar seriamente el IOSFA, investigar irregularidades, mejorar su gestión y buscar financiamiento genuino, la solución elegida es vender el patrimonio de las propias Fuerzas Armadas. Es decir: los militares y veteranos, que ya sufren sueldos de hambre y recortes en prestaciones, ahora ven cómo se remata parte de su patrimonio histórico para tapar un agujero que el propio Estado no supo administrar.
Presti, que salió públicamente a defender a Manuel Adorni, ahora propone liquidar bienes de las Fuerzas para pagar deudas.
Esto no es una solución técnica.
Es un acto de profunda irresponsabilidad institucional.
Las Fuerzas Armadas no son una empresa en liquidación ni una garantía hipotecaria. Son parte esencial de la soberanía nacional. Rematar sus inmuebles para pagar una deuda mal gestionada es humillar aún más a quienes juraron defender la Patria.
Si el gobierno sigue por este camino, no solo estará vendiendo propiedades.
Estará vendiendo un pedazo más de la dignidad de las instituciones armadas argentinas.Es hora de que el ministro Presti explique públicamente:
Porque rematar 44 inmuebles de las Fuerzas Armadas no es “ajuste”.
Es desguace.