La medida, que incluye la pérdida del grado militar, los haberes de retiro y el acceso a la obra social de la fuerza, se tomó tras reiterados pedidos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Procurador General de la Nación.La resolución alcanza a:

• 1 teniente coronel retirado
• 33 suboficiales

Entre los afectados se encuentra Juan Daniel Amelong, uno de los nombres más conocidos en causas por crímenes de lesa humanidad. De los 34, 29 transitan condenas y 5 ya fallecieron pero aún figuraban en situación de retiro en los registros del Ejército.

El origen de la medida

La decisión se produjo después de que un informe de la PIA revelara que decenas de condenados por delitos de lesa humanidad (al menos 78 entre todas las fuerzas) nunca habían sido formalmente dados de baja. Esto les permitía seguir percibiendo haberes de retiro y manteniendo beneficios institucionales, una situación que la Procuraduría calificó de irregular e incompatible con la ley.

En el caso específico del Ejército, la PIA había solicitado en 2024 la baja de más de 50 efectivos. Tras detectar inconsistencias en la información proporcionada por la fuerza y tras la presión mediática en la semana del 24 de marzo (a 50 años del golpe de 1976), el general Zarich procedió a firmar las resoluciones correspondientes.

Reacciones

• Organizaciones de derechos humanos celebraron la medida como un paso necesario para terminar con privilegios que aún mantenían represores condenados.
• Desde sectores cercanos a las Fuerzas Armadas hubo silencio oficial, aunque en redes y grupos de retirados se expresaron quejas por la forma en que se comunicó la decisión.
• El gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, no emitió un comunicado oficial sobre el caso, aunque fuentes del área indicaron que se trató de una resolución interna del Ejército en cumplimiento de requerimientos judiciales.

Esta acción se enmarca en un contexto de revisión de situaciones irregulares detectadas en todas las fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y fuerzas de seguridad), donde aún quedaban casos pendientes de baja formal a pesar de las condenas firmes.

La baja definitiva implica que los afectados dejan de pertenecer al cuadro de retiro del Ejército, pierden el derecho a usar el grado militar y quedan excluidos de los beneficios de la obra social de la institución.