Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados, que junto al ambiente periglacial alimentan 36 cuencas hídricas y proveen agua a millones de personas en un país mayoritariamente árido. Estos ecosistemas actúan como reservas estratégicas de agua dulce para consumo humano, agricultura, recarga de ríos y protección de la biodiversidad.

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, fue pionera a nivel mundial. Declara a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y establece la prohibición de actividades extractivas (minería e hidrocarburos), industrias y obras que puedan dañarlos. Su objetivo principal es preservar el agua como derecho fundamental frente al avance del cambio climático y la presión extractiva.

¿Qué propone la reforma?

El proyecto del Ejecutivo, que ya obtuvo media sanción en el Senado en febrero de 2026 y se debate actualmente en la Cámara de Diputados, introduce cambios significativos:

• Reduce el alcance de la protección, limitándola solo a aquellas zonas con “función hídrica comprobada o relevante”.
• Transfiere mayor poder a las provincias para definir qué glaciares y áreas periglaciares se protegen y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas (principalmente megaminería).
• Redefine el concepto de ambiente periglacial, lo que según críticos abre la puerta a la explotación en zonas que actualmente están protegidas.

El gobierno defiende la reforma argumentando que la ley actual es “demasiado amplia e indefinida”, frena inversiones y proyectos productivos, y que la nueva versión “ordena” el marco normativo sin comprometer el agua potable ni los glaciares estratégicos.

La defensa del agua

Organizaciones como Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), WWF y numerosas asambleas socioambientales sostienen que la reforma representa un retroceso ambiental grave:

• Viola el principio de no regresión ambiental (consagrado en la Constitución y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú).
• Amenaza la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos que dependen directa o indirectamente del deshielo glaciar.
• Prioriza intereses extractivos por encima del derecho al agua y la protección de ecosistemas en un contexto de crisis climática global.

Expertos advierten que el ambiente periglacial (suelos congelados, glaciares de escombros y zonas de permafrost) funciona como una esponja que regula y almacena agua. Reducir su protección podría generar impactos irreversibles en ríos, agricultura y suministro urbano, especialmente en provincias cordilleranas como Mendoza, San Juan, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.Durante las audiencias públicas realizadas los días 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados, se registraron más de 100.000 inscripciones, aunque solo una fracción pudo exponer. La gran mayoría de las intervenciones rechazaron la reforma.

Un debate que trasciende lo ambiental

La discusión sobre la Ley de Glaciares no es solo técnica o ambiental: es un choque de modelos de desarrollo. Por un lado, el gobierno impulsa la minería como motor de crecimiento económico y generación de divisas. Por el otro, amplios sectores de la sociedad defienden que el agua dulce es un recurso estratégico finito que debe priorizarse por encima de cualquier actividad extractiva.La consigna “El agua de los glaciares se defiende” resume esta postura: no se trata solo de proteger hielo en la cordillera, sino de garantizar el derecho al agua para las generaciones presentes y futuras en todo el territorio argentino.Mientras el debate continúa en Diputados, la movilización social y las alertas de organismos internacionales (incluida la ONU) se intensifican. La decisión que tome el Congreso definirá no solo el futuro de los glaciares argentinos, sino también el modelo de relación que el país elige tener con sus recursos naturales más vitales.