La decisión fue anunciada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y se formalizó mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad, Relaciones Exteriores, Justicia y la Secretaría de Inteligencia.

Fundamentos de la declaración

Según el comunicado oficial, los principales argumentos para esta designación son los siguientes:

• Responsabilidad en los atentados de los años 90 en Argentina: La Justicia argentina atribuye a miembros y agentes de la Guardia Revolucionaria (especialmente a través de su brazo operativo, la Fuerza Quds) la planificación y ejecución de los dos mayores atentados terroristas de la historia del país:
  • El ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992 (22 muertos y más de 240 heridos).
  • El atentado contra la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) el 18 de julio de 1994 (85 muertos y más de 300 heridos).
• Apoyo al terrorismo internacional: El Gobierno sostiene que la Guardia Revolucionaria es una organización que promueve, financia y ejecuta actos de terrorismo a nivel global, actuando como brazo armado del régimen iraní y apoyando a grupos como Hezbollah y Hamas.
• Protección del sistema financiero y seguridad nacional: La inclusión en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas en territorio argentino, con el objetivo de limitar cualquier actividad o financiamiento vinculado a esta organización.

El presidente Milei expresó que esta medida “saldaría una deuda histórica de más de 30 años con los familiares de las víctimas” y reafirma el compromiso argentino en la lucha contra el terrorismo.