Según fuentes gubernamentales citadas por medios británicos como The i Paper, Londres mantiene que cualquier uso de sus instalaciones debe limitarse estrictamente a operaciones defensivas contra objetivos militares iraníes (principalmente sitios de misiles). Atacar puentes o plantas de energía violaría el derecho internacional y podría exponer al Reino Unido a acusaciones de complicidad en crímenes de guerra.

Esta decisión representa un nuevo punto de fricción entre el Reino Unido y la administración Trump, que en las últimas horas ha intensificado sus amenazas de destruir infraestructura energética iraní si Teherán no cumple con el ultimátum de reabrir el Estrecho de Ormuz.

El Reino Unido había mostrado una postura cautelosa desde el inicio del conflicto y, aunque permitió el uso limitado de sus bases para misiones defensivas, mantiene una clara distinción entre objetivos militares y civiles.

Esta negativa podría complicar significativamente los planes estadounidenses de una campaña más agresiva contra Irán, al reducir las opciones logísticas para bombarderos de largo alcance.

El episodio subraya las crecientes divisiones dentro de la alianza occidental respecto a la escalada contra Irán.