Según reportes publicados en las últimas horas (principalmente por Urgente24), el decreto o resolución en cuestión permitiría que Prefectura asuma competencias clave que siempre fueron exclusivas o centrales de la Armada, como el control y formación en materia de marina mercante, habilitación de personal, patrullaje en ciertas áreas y aplicación de sanciones en el ámbito marítimo.

¿Qué implica esta medida?

• Pérdida de roles para la Armada: La fuerza naval quedaría con un margen de acción muy reducido en tareas de control marítimo, seguridad en la navegación y regulación de la flota mercante. Funciones que históricamente le correspondían pasarían a Prefectura Naval (dependiente del Ministerio de Seguridad).
• Objetivo oficial: Avanzar en la desregulación y “modernización” del Estado, reduciendo superposiciones y costos. Sin embargo, críticos señalan que no generaría un ahorro real, ya que los recursos simplemente se trasladarían a Prefectura.
• Contexto interno: La medida genera fuerte malestar en la Armada y revive tensiones históricas entre las fuerzas (especialmente Ejército vs. Armada). Algunos analistas lo interpretan como una “jugada” del ministro Presti, quien proviene del Ejército y ha tenido declaraciones polémicas sobre temas sensibles como el hundimiento del ARA General Belgrano.

Esta reforma se enmarca en la agenda de “motosierra” del gobierno de Javier Milei, que ya aplicó desregulaciones profundas en la marina mercante (DNU 340/2025 y posteriores) y busca eliminar trabas burocráticas en el sector naval.

Reacciones y polémica

• Dentro de las Fuerzas Armadas hay malestar creciente. La Armada ya venía denunciando un estado de “indefensión” por falta de presupuesto, buques obsoletos y escasa capacidad disuasiva en el Atlántico Sur.
• Gremios navales y sectores nacionalistas rechazan la medida, argumentando que debilita la soberanía marítima y la capacidad de proyección naval de Argentina.
• Defensores del gobierno sostienen que se trata de una racionalización necesaria para un Estado más eficiente.

El anuncio llega en un momento delicado: Argentina mantiene reclamos de soberanía sobre las Malvinas, enfrenta disputas por recursos en el Atlántico Sur y busca modernizar sus fuerzas armadas, pero con presupuestos ajustados.Esta decisión política profundiza la grieta dentro del ámbito militar y plantea un debate clave: ¿es una reforma necesaria para eliminar duplicidades o un golpe a la tradición y capacidad operativa de la Armada Argentina?