El proyecto de hidroeléctricas en la Patagonia argentina impulsado por un empresario qatarí, Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, en sociedad con el extenista argentino Gastón Gaudio, ha generado atención y controversia hasta marzo de 2025. Este desarrollo, centrado en el Complejo Baguales en la provincia de Río Negro, combina la construcción de tres pequeñas centrales hidroeléctricas con fines de autoabastecimiento energético y una residencia de lujo, en un terreno de 10.000 hectáreas adquirido en 2017 al grupo belga Burco.

Detalles del proyecto

• Ubicación: El complejo se encuentra en el paraje Río Villegas, entre Bariloche y El Bolsón, a la altura del kilómetro 1.987 de la Ruta Nacional 40, en una zona montañosa de alto valor paisajístico y ecológico. Utiliza el arroyo Baguales como fuente hídrica.

• Centrales hidroeléctricas: Denominadas ChiBa I, II y III, están diseñadas para operar en cascada a diferentes altitudes (entre 1.559 y 1.121 metros sobre el nivel del mar).

  • ChiBa I: 42 litros por segundo, 20 kW de potencia.

  • ChiBa II: 200 litros por segundo, 300 kW.

  • ChiBa III: 350 litros por segundo, 600 kW. La capacidad total estimada es de 920 kW, destinada exclusivamente al consumo interno del complejo turístico Baguales Mountain Reserve, sin conexión al sistema interconectado nacional.

• Autorización: La Superintendencia General de Aguas de Río Negro emitió la resolución 75 el 20 de enero de 2025, otorgando a Río Villegas S.A.U. (cuyo accionista único es Baguales Acquisitions S.A., propiedad de Al-Hajri y Gaudio) un permiso de 30 años para usar agua pública, restringido a los meses de julio a septiembre, cuando el caudal del arroyo es mayor.

• Regalías: La empresa debe pagar un 16% de la generación bruta de energía, superior al 12% habitual en regiones como el Comahue, calculado según el precio del Nodo Neuquén.

Contexto del empresario qatarí

Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri es un empresario de alto perfil, cuñado del emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a través de su hermana, Sheikha Al-Anoud. Conocido por inversiones globales como la compra del hotel Ritz de Londres en 2020 por más de 1.000 millones de dólares, su incursión en la Patagonia se enmarca en un proyecto turístico exclusivo que incluye lodges de lujo y un centro de esquí de élite, con tarifas desde 1.500 dólares por noche.

Polémica y críticas

El proyecto ha suscitado críticas por varios frentes:

• Impacto ambiental: Organizaciones como Consenso Patagonia y la legisladora Magdalena Odarda han advertido sobre posibles alteraciones en la cuenca del río Villegas, afectando bosques nativos y la biodiversidad. Aunque el Departamento Provincial de Aguas (DPA) asegura que el caudal no se verá comprometido y el agua será devuelta sin alteraciones, la falta de estudios de impacto ambiental públicos y accesibles genera desconfianza.

• Soberanía hídrica: La concesión a capitales extranjeros ha reavivado debates sobre la privatización de recursos estratégicos en la Patagonia, comparándolo con casos como el de Joe Lewis en Lago Escondido, donde también se generan hidroeléctricas privadas.

• Falta de transparencia: La autorización, tramitada desde hace cinco años con un estudio ambiental aprobado en 2022, no incluyó audiencia pública ni consulta a comunidades locales o indígenas, lo que llevó a Odarda a presentar un proyecto de ley para anularla, alegando violaciones al Código de Aguas de Río Negro.

Perspectivas

El gobierno de Río Negro, que respaldó el proyecto bajo la gestión de Alberto Weretilneck, lo defiende como una inversión que atrae capital extranjero y desarrollo económico, aunque los beneficios parecen limitarse al complejo privado sin impacto directo en la comunidad local. El DPA enfatiza que la generación es para uso interno y que hay controles tecnológicos para monitorear el caudal, pero persisten dudas sobre la fiscalización a largo plazo.

En conclusión, las hidroeléctricas del empresario qatarí en la Patagonia, lideradas por Al-Hajri y Gaudio, representan un proyecto de escala menor en términos energéticos, pero de gran simbolismo en el debate sobre el uso de recursos naturales en Argentina. A 30 de marzo de 2025, sigue siendo un punto de tensión entre intereses económicos, ambientales y soberanos, con un futuro que dependerá de la presión social y la supervisión estatal.