Desde que asumió en diciembre de 2025, Presti —el primer militar en actividad en ocupar el Ministerio de Defensa desde el retorno de la democracia— ha demostrado con creces que su lealtad principal no está con la Nación ni con la Constitución, sino con el oficialismo que lo puso en ese sillón.
Un ministro-uniforme al servicio del partido
Presti no dejó de ser militar para convertirse en funcionario político: sigue actuando como uno y otro al mismo tiempo. Ha participado en actos de claro tinte partidario, ha avalado públicamente el discurso confrontativo del Presidente y ha utilizado su investidura castrense para dar respaldo institucional a una agenda política específica.
Todo esto mientras la ley de disciplina militar prohíbe expresamente a los uniformados en actividad realizar proselitismo partidario.
El resultado es claro: las Fuerzas Armadas están siendo utilizadas como una marca más del gobierno. Una franquicia con uniforme que sirve para dar imagen de dureza, para justificar alineamientos internacionales controvertidos y para proyectar un relato de “orden” que conviene al Ejecutivo.
Reestructuraciones sospechosas
Bajo su gestión se produjeron fuertes recambios en la cúpula militar. Varios generales y altos oficiales fueron desplazados y reemplazados por perfiles más afines al pensamiento del oficialismo.
No se trató de una modernización profesional, sino de una purga ideológica encubierta. Quien no comulga con la nueva doctrina “libertaria” queda afuera. Quien adhiere, asciende.Esto viola el principio sagrado de las democracias modernas: las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, profesionales y leales exclusivamente a la Constitución y al Estado, no al gobierno de turno.
El peligro de la franquicia
Cuando un ministro de Defensa usa a las instituciones armadas como brazo propagandístico o como herramienta de validación política, se está cometiendo un doble daño:
Carlos Presti no está defendiendo la soberanía nacional en primer lugar. Está defendiendo un modelo político y un liderazgo específico. Ha transformado el Ministerio de Defensa en una sucursal más de La Libertad Avanza, con uniforme y todo.Argentina ya vivió en su historia lo que ocurre cuando los militares se convierten en actores políticos activos. No necesitamos repetir errores.
Las Fuerzas Armadas no son propiedad de Milei, ni de Presti, ni de ningún gobierno. Son de la Nación.Exigir que el ministro Presti deje de tratar a las instituciones armadas como una franquicia partidaria no es antimilitarismo. Es defender la democracia.