Desde la Doctrina Social de la Iglesia, la propiedad privada es legítima, pero nunca absoluta.

Como enseñó el Concilio Vaticano II y recordaron los papas en encíclicas como Rerum Novarum (León XIII), Quadragesimo Anno (Pío XI) y especialmente Laudato Si’ y Fratelli Tutti (Francisco), la propiedad privada está subordinada al destino universal de los bienes.

Es decir: los bienes de la creación están destinados en primer lugar a satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, no solo de quienes tienen mayor capacidad económica o poder político.

Lo que dice la Iglesia Argentina

Los obispos argentinos, a través de la Conferencia Episcopal, han sido explícitos en los últimos años. En múltiples documentos han advertido sobre los peligros de un modelo económico que exalta el individualismo radical y la acumulación ilimitada. Para la Iglesia, cuando la propiedad privada se convierte en un fetiche ideológico que justifica la exclusión, la especulación financiera o la concentración extrema de la riqueza, deja de ser un derecho y se transforma en una estructura de pecado.

El papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, es contundente:

“El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario, subordinado al derecho primario y superior de la destinación universal de los bienes.”

Milei y su proyecto promueven una visión casi religiosa de la propiedad privada, presentándola como un pilar sagrado e intocable. Esta concepción choca frontalmente con la enseñanza católica, que siempre ha defendido que ningún derecho es absoluto cuando entra en conflicto con la dignidad de la persona humana, especialmente de los más pobres.

Críticas concretas al modelo mileísta

• La desregulación extrema y la reducción del rol del Estado pueden derivar en una mayor concentración de la tierra y los recursos en pocas manos.
• La idea de “todo se vende y todo se compra” (incluyendo órganos, educación o seguridad) vacía de contenido el concepto de bien común.
• La minimización de las políticas sociales y de redistribución contradice el principio de la opción preferencial por los pobres, eje central de la pastoral de la Iglesia argentina.

La Iglesia no defiende el estatismo ni el colectivismo. Pero tampoco puede callar ante un capitalismo salvaje que olvida que la economía debe estar al servicio del hombre y no al revés.

Conclusión

El proyecto de Javier Milei, al elevar la propiedad privada a un dogma indiscutible, se aleja peligrosamente de la rica tradición de la Doctrina Social de la Iglesia. No se trata de oponerse al derecho de propiedad, sino de recordar que este derecho tiene límites éticos y sociales.

Como bien lo expresó el papa Francisco: “La propiedad privada es un derecho secundario, nunca puede ser ejercido en detrimento del bien común”.La Iglesia Argentina, fiel a su misión, seguirá recordando que ningún modelo económico puede estar por encima de la dignidad de la persona humana y de la justicia social.