Lo que se vende como una solución creativa al crónico subfinanciamiento de la defensa es, en realidad, una timba contable que revela una contradicción profunda y peligrosa: las Fuerzas Armadas, históricamente guardianas del patrimonio soberano, se convierten en socias activas del desmantelamiento de su propio sustento material.Una aberración conceptualMantener el funcionamiento operativo y logístico de las Fuerzas Armadas con la venta de sus inmuebles propios es una idea pésima desde cualquier perspectiva estratégica seria. El patrimonio inmobiliario militar no es un mero activo financiero: son bases, terrenos estratégicos, hoteles de descanso para el personal, delegaciones y predios que forman parte de la infraestructura de soberanía. Venderlos para “financiar” reequipamiento equivale a comerse las semillas para comprar abono.Los inmuebles no se reponen fácilmente. Una vez enajenados, pasan a manos privadas y su uso futuro escapa al control estatal. En contextos de crisis o conflicto, recuperar capacidad inmobiliaria resulta extremadamente costoso y lento. Argentina ya ha vivido procesos de desinversión patrimonial en otras áreas; repetirlos en el ámbito de la defensa es irresponsable.

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El argumento oficial es que estos fondos irán exclusivamente al reequipamiento, modernización tecnológica, ciberdefensa e infraestructura estratégica. Sin embargo, críticos dentro de las propias Fuerzas advierten que las sumas recaudadas serán “puchitos” insuficientes: no alcanzarían ni para comprar dos fragatas usadas en el mejor de los escenarios optimistas. Vender todo el patrimonio imaginable podría generar montos ridículos frente a los miles de millones de dólares que requiere una verdadera recomposición de capacidades navales, aéreas o terrestres.

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Cómplices internosLo más grave de esta maniobra no es solo el decreto en sí, sino la complicidad desde dentro de las instituciones militares. Ministros y altos mandos provenientes de las Fuerzas (como el teniente general Carlos Alberto Presti) impulsan o toleran la revisión y potencial remate de decenas de inmuebles —incluidos 44 vinculados al ex IOSFA— para pagar deudas o financiar “ajustes”. Hoteles de descanso en Mar del Plata, Córdoba y otros puntos del país, residencias históricas y predios operativos entran en la órbita de la liquidación.

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Esto genera un doble agravio: el personal militar ya sufre salarios deprimidos, problemas en la obra social y recortes operativos, y ahora ve cómo se licua el patrimonio que históricamente servía como beneficio y respaldo institucional. Permitir esta operación desde adentro no es pragmatismo; es una rendición ideológica al dogma del achicamiento estatal indiscriminado. Los militares que callan o facilitan el desguace se convierten en actores de un proceso que debilita la institución que juraron defender.Desguace salvaje con barniz liberalLa “timba del 70/30” expone la tensión irresuelta entre una retórica de “Fuerzas Armadas fuertes” y una práctica de motosierra aplicada al patrimonio soberano. Vender activos estratégicos para financiar reequipamiento es como hipotecar la casa para comprar muebles nuevos: al final, te quedas sin techo y con deudas.Esta política no resuelve el problema estructural de la defensa argentina —bajos presupuestos históricos, obsolescencia material y falta de una doctrina clara de largo plazo—. Solo genera un espejismo contable: se recauda algo en el corto plazo, se entrega patrimonio irreversible y se posterga la discusión seria sobre cómo financiar verdaderamente la defensa nacional sin destruir sus bases materiales.El resultado previsible es un debilitamiento progresivo de la capacidad de proyección soberana. Terrenos en zonas costeras, urbanas o fronterizas que hoy pertenecen a las Fuerzas mañana serán countries, complejos turísticos privados o activos de fondos de inversión. La “modernización” quedará en la anécdota mientras el desguace será concreto.Mantener las Fuerzas Armadas como institución seria requiere presupuesto genuino del Estado, no una ruleta inmobiliaria. La timba del 70/30 no es una solución; es la confesión de un fracaso conceptual disfrazado de innovación. Y quienes desde las propias filas la habilitan cargan con la responsabilidad histórica de haber facilitado el desmantelamiento de lo que quedaba del patrimonio defensivo argentino.