Bajo la administración del gobierno de Javier Milei, se ha puesto en marcha un plan de reforma del Estado que incluye la subasta y desinversión de activos inmobiliarios pertenecientes o vinculados a las Fuerzas Armadas (FFAA) y al Ministerio de Defensa.

Este proceso se realiza principalmente a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con un marco normativo reciente —como el Decreto 950/2024 y el posterior Decreto 314/2026 (Plan ARMA)—. Este último decreto establece un cambio clave: el 70% de lo recaudado por la venta de inmuebles que pertenecían directamente a Defensa se destinará al reequipamiento y modernización militar de las propias fuerzas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), mientras que un 10% de la venta de otros inmuebles del Estado general también irá a este fondo.

Red Castrense

1. Propiedades que ya se vendieron o adjudicaron

Las operaciones inmobiliarias más significativas se concentraron en terrenos de altísimo valor comercial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

• Edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa (Puerto Madero, CABA): Ubicado en Av. de los Italianos 365-375, este predio de más de 5.234 m² fue adjudicado al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por un total de USD 34 millones.

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• Terreno en Palermo (CABA): Un lote de más de 3.400 metros cuadrados ubicado en la calle Soldado de la Independencia 615. Fue subastado y adquirido por la firma del empresario Eduardo Costantini.

• Viviendas militares en Corrientes: Se oficializó la venta de diversos lotes considerados “innecesarios” que contaban con infraestructura habitacional militar de las fuerzas.

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2. Propiedades en proceso de venta, remate o revisión técnica

El plan de desinversión se ha acelerado y abarca desde históricos regimientos hasta complejos recreativos:

• Predio del Regimiento de Patricios (Palermo, CABA): Se trata de un gigantesco lote de 42.044 metros cuadrados en la esquina de Cerviño y Bullrich. Actualmente una porción está ocupada comercialmente por la firma Cencosud, pero el plan contempla su desocupación total (con proyección hacia fines de 2026) para abrir paso a desarrollos inmobiliarios privados.

• Los 44 inmuebles de la Obra Social Militar (OSFA, ex IOSFA): Impulsado por el Ministerio de Defensa, se inició la revisión y el proceso de desafectación para remate de 44 propiedades de la obra social castrense con el fin de sanear sus deudas estructurales. Estos incluyen:

  • Hoteles y residencias turísticas: Hoteles emblemáticos en Mar del Plata (Antártida, Tierra del Fuego, Cóndor, Metropol), además de centros recreativos en San Clemente del Tuyú y Zárate (Buenos Aires).

  • Propiedades en Córdoba: Complejos y delegaciones en localidades turísticas como La Falda y Villa General Belgrano.

  • Delegaciones y farmacias militares: Inmuebles en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego.

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• Terrenos de la Guarnición Militar de Córdoba: Un predio de gran envergadura (más de 13.000 hectáreas). Ha estado bajo análisis y debate técnico para ser transferido o canjeado con la provincia en el marco de compensaciones de deuda previsional.

  La Reforma, General Pico

• Lotes urbanos vacantes: Periódicamente, la AABE publica subastas electrónicas de terrenos menores. Un ejemplo es el predio de 18.500 m² en la capital de Córdoba (calles Juan de Dios Correas y San Pedro Nolasco), cuya subasta oficial fue convocada bajo el proceso del sistema de gestión pública.

Análisis de Impacto y Controversia

• Financiamiento vs. Descapitalización: El principal argumento del oficialismo para avanzar es que se trata de tierras e inmuebles subutilizados, ociosos o con altos costos de mantenimiento. Mediante el Plan ARMA, el Gobierno defiende que las ventas permitirán fondear de manera genuina la compra de armamento, sistemas de defensa e infraestructura operativa moderna que las FFAA reclaman desde hace décadas.

• Resistencia en el ámbito militar: Las críticas internas y de especialistas en defensa apuntan a que se están perdiendo activos inmobiliarios estratégicos y de gran valor patrimonial histórico a cambio de fondos que —según aducen sectores de la oposición— resultan insuficientes para compras de gran escala (como buques o aeronaves de gran porte). Asimismo, el remate de hoteles y centros de salud de la obra social militar genera malestar por la pérdida de beneficios sociales directos para el personal activo y retirado.