En un movimiento estratégico que busca retomar la iniciativa en la agenda de la seguridad y el desarrollo estratégico de la Nación, el bloque del Partido Peronista ha presentado formalmente el proyecto de Ley del Régimen Administrativo y Profesional del Personal Militar de las Fuerzas Armadas. El documento, fechado en este año 2026 bajo el lema institucional "Año de la Grandeza Argentina", no es una simple actualización burocrática; representa el intento del peronismo de modelar unas Fuerzas Armadas modernas, integradas al tejido democrático y con un fuerte eje en la justicia social interna.
Desde la conducción del bloque argumentan que el marco legal vigente ha quedado anacrónico frente a las exigencias de los conflictos híbridos, la guerra tecnológica y, fundamentalmente, las demandas laborales y de derechos de los propios integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La iniciativa busca unificar el marco jurídico de las tres fuerzas bajo los principios de profesionalización, transparencia, equidad de género y un irrestricto respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Para comprender la magnitud de la reforma presentada por el peronismo, es necesario desglosar el proyecto en tres grandes vectores políticos y sociales:
Históricamente, la doctrina de defensa de los sectores conservadores ha considerado al militar como un sujeto escindido de los derechos ciudadanos comunes en pos de una verticalidad absoluta. El bloque peronista rompe explícitamente con esa concepción en el Artículo 11, al establecer que el personal militar goza de todos los derechos y garantías que la Constitución Nacional reconoce a cualquier ciudadano.
El proyecto pone especial énfasis en el bienestar de la familia militar y la protección ante riesgos cotidianos. Dos puntos del Artículo 12 reflejan esta impronta de justicia social:
Indemnización y Autoseguro (Inciso j): Se establece el derecho a una indemnización única por fallecimiento o incapacidad en actos de servicio en tiempo de paz, calculada bajo los parámetros de la ley de riesgos del trabajo del sector civil, complementada por un sistema de autoseguro estatal.
Arraigo y Vivienda (Incisos o y p): Se garantiza el derecho al alojamiento dentro de la guarnición y se mandata al Estado a facilitar el alojamiento del grupo familiar primario en la zona geográfica de destino. Para el peronismo, la movilidad geográfica del militar no puede seguir siendo sinónimo de desestructuración familiar o asfixia económica en el mercado de alquileres civil.
Uno de los aspectos más celebrados por los sectores progresistas del partido es el blindaje contra la discriminación y el acoso. El Artículo 12 (inciso e) consagra el derecho al respeto de la identidad de género, la orientación sexual y la dignidad en el trabajo.
Sin embargo, el verdadero cambio estructural radica en el inciso k del mismo artículo:
En caso de denuncias que involucren violencia de género en cualquiera de sus formas, el personal militar podrá prescindir de la vía jerárquica y presentarse de manera directa ante las oficinas específicas.
Esta cláusula remueve el histórico "filtro" del superior inmediato, un mecanismo que durante décadas sirvió para encubrir abusos bajo el pretexto de salvaguardar la disciplina interna.
El conflicto internacional moderno exige menos burocracia de escritorio y mayor despliegue técnico. El proyecto, en su Artículo 26, divide las estructuras en tres cuerpos claramente delimitados:
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│ ESTRUCTURA DE CUERPOS MILITARES │
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│
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│ COMANDO │ │ APOYO │ │ PROFESIONAL │
│ Conducción y │ │ Alistamiento, │ │ Médicos, │
│ operaciones │ │ logística y │ │ ingenieros, │
│ de fuerzas. │ │ sostenimiento.│ │ tecnólogos. │
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Esta segmentación busca dotar de previsibilidad a la carrera militar. Además, el Artículo 27 abre una vía de movilidad ascendente horizontal, permitiendo que el personal de Suboficiales y Tropa pueda pasar, mediante concursos y capacitación obligatoria, a las categorías de Oficiales. Desde el bloque señalan que esto democratiza el acceso a los altos mandos, premiando la idoneidad y el mérito por sobre el origen de la formación inicial.
A pesar del optimismo del bloque informante, la propuesta del peronismo no está exenta de contradicciones internas y ya despierta intensos debates tanto en la oposición como en los propios cuadros retirados de las Fuerzas Armadas.
El proyecto camina sobre una delgada línea entre la disciplina necesaria para el funcionamiento de un brazo armado del Estado y las libertades políticas de sus miembros. El Artículo 14 (inciso 22) exige autorización previa para que un militar en actividad pueda expresarse públicamente sobre cuestiones que involucren su condición. Asimismo, el Artículo 16 (inciso 7) prohíbe taxativamente opiniones que puedan "agraviar a las autoridades públicas".
La oposición ya ha advertido que esta redacción puede derivar en un mecanismo de censura interna, impidiendo que los oficiales discutan abiertamente el estado material de la defensa o las políticas presupuestarias del Poder Ejecutivo de turno.
Otro foco de conflicto conceptual se encuentra en los Artículos 15 y 17, que regulan al personal retirado. El proyecto insiste en que los militares en retiro sigan sujetos al Sistema de Justicia Militar y mantengan restricciones severas a su libertad de expresión y de asociación sectorial.
Críticos de la iniciativa señalan que si un uniformado ha dejado la actividad, retenerlo bajo la jurisdicción castrense vulnera el principio de igualdad ante la ley, limitando su derecho a participar plenamente del debate político civil sobre la Defensa —el cual, en última instancia, es una política pública que afecta a todos los ciudadanos—.
Con la presentación de este proyecto, el Partido Peronista busca consolidar un modelo de Fuerzas Armadas que no queden recluidas en la nostalgia del pasado ni supeditadas a las recetas de ajuste presupuestario que suelen proponer los sectores neoliberales. Al redefinir el estatus laboral, social y operativo del militar, el peronismo apuesta a una defensa nacional ligada al desarrollo tecnológico, el respeto institucional y la dignificación del trabajador del Estado que viste el uniforme de la Patria.
La batalla legislativa que se avecina en las comisiones de Defensa del Senado y la Cámara de Diputados determinará si esta iniciativa logra convertirse en una verdadera política de Estado o si naufraga en la polarización política argentina.
* El proyecto original fue concebido y enviado originalmente al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional durante la gestión del ministro de Defensa Jorge Taiana (en conjunto con el presidente de la Nación en ese momento, Alberto Fernández), como resultado de un trabajo de la Comisión de Análisis y Redacción creado en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Su presentación y reimpulso parlamentario por parte del bloque del Partido Peronista / Unión por la Patria en la Cámara de Diputados cuenta con el apoyo de referentes de la comisión de Defensa y autoridades del bloque, destacando entre sus principales impulsores y firmantes a:
Agustín Rossi: Exministro de Defensa, quien ha sido uno de los principales autores, defensores e impulsores de los fundamentos de este nuevo régimen profesional militar.
Germán Martínez: Presidente del bloque del peronismo (Unión por la Patria) en la Cámara de Diputados, quien participó activamente en las comisiones que redactaron y articularon la iniciativa parlamentaria para su tratamiento.
El texto definitivo del proyecto recoge, además, los aportes técnicos e institucionales de una comisión especial