Sin embargo, esta inflexible disciplina entra en cortocircuito cuando se analiza la cúspide de la conducción. Tras la salida de Luis Petri, la cartera de Defensa quedó en manos de un militar de carrera: el Teniente General Carlos Presti. Esta particular condición —un militar en actividad (en situación de disponibilidad) al frente de un ministerio político— abre un interrogante incómodo: ¿Por qué la prohibición de manifestarse políticamente en redes o apoyar públicamente a figuras partidarias como Manuel Adorni asfixia a la tropa, pero exime a la máxima autoridad de la cartera?

El militar en el sillón político: Entre la ley y la militancia digital

A diferencia de sus predecesores civiles, el Teniente General Presti sigue ostentando la máxima jerarquía militar. Aunque formalmente se encuentra bajo un régimen administrativo especial para ejercer el cargo ministerial, para los miles de suboficiales y oficiales jóvenes que hoy sufren salarios por debajo de la línea de la pobreza, el Ministro sigue siendo un "par".

Es allí donde el alineamiento político explícito y las muestras de apoyo en entornos virtuales hacia figuras del oficialismo —como ocurrió durante el blindaje político al exjefe de Gabinete Manuel Adorni en medio de denuncias de gestión— exponen un doble estándar insostenible. Mientras el reglamento de redes castiga al cabo o al teniente que comparte un posteo visibilizando la precarización económica de su familia, la cúspide del Ministerio participa activamente de la narrativa y la defensa de la fuerza política gobernante.

¿Corresponde sanción para el Ministro?

En el plano estrictamente formal, no habrá sanciones. Al asumir el cargo de Ministro de Defensa por designación presidencial, las acciones de Presti se evalúan bajo la lógica del Poder Ejecutivo y no a través de los tribunales de disciplina militar tradicionales. Su permanencia depende exclusivamente de la confianza política del Presidente de la Nación.

Sin embargo, desde la perspectiva ético-militar, el vacío es evidente. Al no haber pasado a retiro efectivo total, sus expresiones político-partidarias en el ámbito digital caminan sobre la delgada línea de la incompatibilidad con las mismas leyes del personal militar que él debe hacer cumplir.

Un mensaje de desmoralización en los cuarteles

La coexistencia de estas dos realidades genera un daño severo a la moral de la tropa:

"Exigir neutralidad absoluta bajo amenaza de sumario al personal subalterno que busca una vía de escape digital frente al hambre y los bajos salarios, mientras la máxima autoridad militar del país hace política en redes desde un despacho oficial, no es disciplina; es asimetría de poder."

El prestigio institucional no se defiende obligando a los subordinados a un silencio sepulcral, ni persiguiendo likes en perfiles privados. El verdadero peligro para la neutralidad de las Fuerzas Armadas no proviene de un posteo de un soldado voluntario reclamando un sueldo digno, sino de la progresiva politización partidaria de sus mandos más altos. Mientras continúe este doble estándar, el Anexo 6 no será visto como una medida de seguridad, sino como una herramienta para disciplinar la protesta y ocultar la realidad socioeconómica bajo la alfombra del uniforme.