Sin embargo, el escenario actual muestra un viraje drástico. Bajo la premisa del déficit cero y la reestructuración del Estado, el sector atraviesa un profundo proceso de desfinanciamiento, despidos y parálisis de sus proyectos insignia, encendiendo las alarmas de la comunidad científica y de la oposición política ante lo que califican como un desmantelamiento encubierto.
La caída de los recursos destinados al sector nuclear no es una percepción gremial, sino una realidad macroeconómica verificable a través de la ejecución presupuestaria:
Recorte Real: El presupuesto asignado a la CNEA ha sufrido una reducción en términos reales superior al 55% respecto al ejecutado en 2023, licuado por el proceso inflacionario y la falta de actualización de partidas.
Fuga de Cerebros y Despidos: En lo que va de la gestión actual, la CNEA ha perdido cerca de 400 puestos de trabajo, combinando la no renovación de contratos, jubilaciones no cubiertas y la renuncia de profesionales altamente calificados debido al congelamiento salarial. El caso más reciente involucró el despido de personal en áreas clave bajo fuerte custodia de fuerzas de seguridad, profundizando la crisis institucional.
La Excepción Sanitaria: Dentro del organigrama, el Plan Nacional de Medicina Nuclear es de los pocos programas que exhibe variaciones reales positivas, priorizando la atención oncológica pero dejando desprotegidos los desarrollos de base tecnológica e industrial.
El impacto más crítico del ajuste se observa en la ralentización y parálisis de dos proyectos que posicionaban a la Argentina en el mercado global de exportación tecnológica de alto valor agregado:
El CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) es el primer reactor de potencia íntegramente diseñado en el país. Se trata de un reactor modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés), un segmento que hoy es la principal tendencia mundial para la transición energética debido a su seguridad y bajo costo de construcción.
La Crítica: El desfinanciamiento crónico ha ralentizado su obra civil en Lima (Zárate). Sectores de la oposición y especialistas denuncian que la parálisis deliberada busca forzar la reconversión del proyecto para habilitar el ingreso de corporaciones extranjeras, resignando los derechos de propiedad intelectual y el desarrollo de proveedores metalmecánicos locales.
Ubicado en el Centro Atómico Ezeiza, el RA-10 es un reactor multipropósito diseñado para asegurar el autoabastecimiento de radioisótopos medicinales (clave para el diagnóstico y tratamiento del cáncer) y consolidar al país como un exportador global. A pesar de estar en sus fases finales de construcción, la falta de flujo de fondos para los contratistas clave mantiene la fecha de puesta en marcha en una constante postergación.
Quienes defienden la reestructuración del sector argumentan que los proyectos nucleares argentinos arrastran décadas de demoras y sobrecostos estructurales que el tesoro público ya no puede financiar. Sin embargo, un análisis crítico desde la perspectiva del desarrollo nacional revela pérdidas que exceden lo puramente fiscal:
| Dimensión | Consecuencia del Desmantelamiento |
| Soberanía Energética | Se posterga la diversificación de la matriz limpia, obligando al país a mantener la dependencia a largo plazo de los combustibles fósiles o de tecnología importada. |
| Geopolítica | Argentina resigna su lugar en el selecto club de países exportadores de tecnología nuclear, un activo diplomático clave en foros internacionales. |
| Pérdida de Capital Humano | La formación de un ingeniero o físico nuclear estatal demora más de una década. La desarticulación de los equipos técnicos disuelve un conocimiento (know-how) irrecuperable en el corto plazo. |
El sector nuclear no funciona bajo los mismos tiempos ni lógicas que la actividad comercial tradicional. Requiere de una planificación estatal continua, donde la rentabilidad no se mide en el balance financiero del próximo trimestre, sino en la autonomía tecnológica y estratégica de las siguientes décadas. Tratar a la energía nuclear exclusivamente como un gasto corriente a recortar corre el riesgo de transformar un ahorro fiscal transitorio en una hipoteca de soberanía permanente.